El Gobierno nacional confirmó ayer que solicitó casi 600 millones de pesos para cancelar viejas deudas con el Grupo Greco, un conglomerado empresarial mendocino que quebró en 1980 y al año siguiente fue expropiado por el Estado por decisión del ex ministro de Economía Lorenzo Sigau.
La polémica que desató el destino de esa partida motivó ayer al bloque de la UCR a solicitar la creación de una comisión investigadora sobre el origen de esa deuda, ya que en la argumentación del oficialismo no están claros los motivos que generaron un pasivo tan elevado. Ver nota completa en Los Andes
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