El fiscal no lo puede creer, acusa a los dirigentes de Godoy Cruz de falsear sus testimonios a favor del jefe de la hinchada. En el negocio del fútbol los jueces no juegan, las leyes que lo rigen no están en el Código Penal pero todos los actores las conocen. Los dirigentes se quedan con los pases de los jugadores, estos cobran buenos sueldos, la policía cobra -negociación de por medio- los servicios extraordinarios y los barras tienen su nichito en las entradas que consiguen de favor y venden a mitad de precio. En Godoy Cruz los dirigentes (gerenciadores privados que tomaron el control del fútbol del club después de fundirlo como dirigentes) sacaron los pies del plato. Son empresarios, quieren todo para ellos, nada de entradas a la hinchada.
El jefe de la hinchada, Daniel El Rengo Aguilera, fue dejado en libertad porque ningún dirigente ni miembro de la gerenciadora del fútbol del Tomba dijo en sede judicial haber sido apretado. La causa contra el líder de la barra comenzó tras los incidentes que provocaron la suspensión del primer partido de local de Godoy Cruz en Primera, el 12 de agosto en el Malvinas, frente a Arsenal.
Si bien Aguilera sigue imputado, sería inmininente el dictado de la falta de mérito a su favor, un paso previo al sobreseimiento definitivo. A pesar de los lamentos del fiscal interviniente por no poder probar lo que él cree fue una extorsión, el panorama comienza a aclararse.
En el fútbol hay códigos que juzgados con los postulados fríos del Código Penal pueden encuadrarse en distintas figuras delictivas. Los barras son parte del fútbol, aunque su poder de influencia por la vía pacífica es casi nula. Mientras, los dirigentes y empresarios disponen a su voluntad del patrimonio de los clubes, es decir, los jugadores.
Para quedarse con pases o comisiones por la venta de los que se ponen la camiseta del equipo necesitan de ciertas condiciones políticas. Esas se las garantizan los hinchas caracterizados o barras bravas, conocedores de los más recónditos recobecos de sus clubes y del manejo del público que paga entrada para ir a la tribuna. Ellos dicen qué cantar en el momento que consideran. A quien insultar y a quien ovacionar. A cambio, piden entradas, pasajes para ir de visitantes y plata para vivir, después de todo se dedican casi exclusivamente a seguir al equipo.
Según explicó Correa Llano en un tramo de su resolutivo de 16 carillas, “no se encuentra acreditado con el grado de convicción suficiente que haya sido Daniel Aguilera el autor de las amenazas recibidas por los dirigentes Mario Contreras y José Mansur, de las pintadas efectuadas en la fachada de la gerenciadora Acción Deportiva y que haya promovido los incidentes suscitados en el partido entre Godoy Cruz y Arsenal de Sarandí” el sábado 12 de agosto.
Éste fue el punto de partida para la pesquisa judicial. Dinero, entradas de favor y colectivos para viajar adonde Godoy Cruz jugase de visitante fueron los bienes exigidos, según se investigó. Eso está probado que existe, lo que Correa Llano no entendió es que eso no constituye extorsión, sino que es parte de la negociación de los distintos sectores que hacen el fútbol.
Generalmente los barras son socios de los clubes que generalmente son sociedades civiles sin fines de lucro. Eso es falso y es el primer delito del negocio del fútbol, anterior a la violencia. Si los dirigentes se enriquecen con los clubes, cómo los barras no van a querer vivir de ellos al menos.
El fiscal atribuyó el “estado de duda” sobre la conducta de Aguilera a la “marcada reticencia puesta de manifiesto por la dirigencia del club Godoy Cruz y algunos funcionarios, que no han brindado a lo largo de este proceso la colaboración necesaria para descubrir la verdad”. La verdad todos la saben pero si se "descubre" amenaza al negocio.
El fiscal habló de “contradicciones” entre las versiones que estos testigos dieron a los medios de prensa apenas fue suspendido el partido con Arsenal en el estadio Malvinas Argentinas –esta publicidad del caso motivó la intervención judicial– y al propio Correa Llano cuando los llamó a declarar. Y si, una cosa es aprovechar los medios contra los hinchas y otra es probar en tribunales que los extorsionaron y no que fueron ellos los que quebraron un acuerdo.
Tras el episodio, la barra de Godoy Cruz empezó a ser manejada por un funcionario del Gobierno: Omar Pérez Botti. No hubo más problemas, les daba entradas, pagaba los micros con plata de la provincia y les facilitaba el ingreso de pirotecnia en el baúl de un auto de la policía conducido por el jefe del operitivo. Cuando se descubrió eso, lo echaron a Perez Botti pero nada cambió en el negocio del fútbol.
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