La semana que viene el Concejo Deliberante de Santa Rosa denunciará al intendente Antonio Ponce (PD) ante la Justicia, para que ésta investigue “el manejo de los fondos municipales y la probable trasgresión u omisión en el desempeño de sus cargos”. El petitorio, votado ayer, hace referencia a una diferencia de Petrom (bonos basura emitidos por la provincia que circularon como plata corriente durante la crisis) que fue detectada por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio 2003.
"La opocisión está acostumbrada a denunciar sin pruebas", replicó el jefe comunal y aseguró que "lo de los Petrom quedó aclarado y tenemos la documentación que lo prueba".
Ver nota completa en Los AndesOpiniónEn el arranque de la campaña reapareció un caso de 2003En Santa Rosa, como en casi todas partes, mientras circularon bonos equivalentes a plata de verdad se gambetearon los postulados de los manuales de administración y las barreras establecidas por la ley a la discrecionalidad del Ejecutivo para cambiar partidas. Pero en Santa Rosa, a diferencia que en otras administraciones, trasladaron el desquicio de la coyuntura a los balances. Mientras casi todos dibujaban la contabilidad atendiendo a las leyes y a las exigencias de organismos de control como el Tribunal de Cuentas, el balance 2003 de la comuna comandada por Ponce no cerraba por ningún lado.
Los petron y los pesos que sobraron tras pagar los sueldos y gastos corriente en ese ejercicio, afectado positivamente por las expectativas de reactivación que surgían tras la crisis, fueron destinados a un plan para materializar sueños individuales y colectivos de los santarrosinos. Sin eufemismos, Ponce determinó las prioridades de su gestión en función de su candidatura, mientras craneaba cómo proyectar una carrera política provincial al terminar su segundo mandato. Ergo: el ganso usó el aparato y los recursos del estado comunal para ganar las elecciones.
El Tribunal de Cuentas objetó el balance y dispuso que el intendente y el contador que firmó la rendición devolvieran $40.000, por una cantidad de petrom equivalente $33.000, la diferencia entre los bonos que ingresaron y los gastos documentados en el ejercicio, más los intereses. Ponce hizo el depósito pero presentó explicaciones y documentación para defender su hipótesis: la plata no faltaba, lo que se hizo mal fue el balance. El "error" se lo adjudicó al vértigo de la economía durante el ejercicio cuestionado y a la mayor complejidad que implicó la aparición de los bonos en la rendición contable del Municipio.
Unos meses después, Ponce organizó una conferencia de prensa durante la cual se mostró victorioso al dar detalles de un nuevo fallo del Tribunal de Cuentas que revertía la condena. El intendente aseguró en esa oportunidad que el dictamen del organismo contemplaba la devolución del dinero depositado en cumplimiento de la anterior disposición. Las declaraciones de Ponce sobre la absolución del Tribunal de Cuentas fueron publicadas en los diarios provinciales y difundidas por las radios y los canales de televisión.
Frente a la repercusión del fallo expuesto por el intendente, la opocisión se llamó a silencio sobre el tema. Casi un año después y con los candidatos calentando motores para largar la etapa definitoria de la carrera electoral, con sólo cuatro votos el Concejo aprobó una moción para que el cuerpo institucionalmente presente el caso en la Justicia. Con cuatro alcanzó porque a la sesión faltaron cuatro concejales demócratas. Con seis bancas ocupadas, se cumplió con el quórum reglamentario. El escenario fue propicio para los ediles justicialistas Sergio Salgado, Diego Maure y José López y el radical Walter Fredes, quienes impulsaban la moción.
Ahora el Concejo debe hacer una presentación judicial planteando el caso con la fundamentación de las sospechas sobre el manejo de fondos del ejercicio 2003. El destino de la causa que se iniciará es incierto, aún no se presentó la denuncia en un tribunal competente. La política ha fracasado en Santa Rosa, sus interpretes no son capaces de resolver los problemas del Estado en el ámbito de las instituciones políticas y entonces tienen que ir a pedirle a un juez que diga si el intendente cometió delitos en el manejo de fondos del ejercicio 2003. Que la Suprema Corte diga cómo tiene que interpretar las leyes el Ejecutivo que eligió la gente. Para denunciar a un intendente por delinquir en el ejercicio de la función hay que estar seguro, tener pruebas claras y contundentes, de poder probarlo.
El caso
"El Gallego" terminaba su primer mandato y quería reelegirse. El Partido Demócrata se encaminaba a una catastrofe electoral sumido en una profunda crisis a nivel provincial. Su administración, iniciada en diciembre de 1999 no relucía por ninguna parte, como la inmensa mayoría de las gestiones del periodo '99-'2003, ya que sólo dispuso sobre algunos aspectos de la realidad en el primer año, luego, la tremenda recesión secó los bolsillos del público, se atrasaban las cuotas de la coparticipación (el principal ingreso de la comuna) y entonces se demoraban los sueldos de los empleados municipales, los pagos a proveedores y se guardaban para otros tiempos los proyectos. Con la salida de la convertibilidad y la escapada de precios -llegó hasta cuadriplicarse siguiendo la brecha entre el peso y el dólar- en algunos rubros claves para el funcionamiento de la estructura comunal, como el combustible, los repuestos o la tecnología, entre muchos más, no había forma de innovar ni sentar bases para un futuro mejor desde el sillón del intendente. No había plata ni para los sueldos y gatos corrientes insuprimibles. Similar situación se repetía en casi todas las relaciones laborales con dependientes, los empleados públicos y privados no sabían cuándo cobraban ni en cuántas partes se desdoblaba la mensualidad.
Lo más importante era sumar entre todas las partidas, daba igual si eran pesos o bonos, una suma suficiente para repartir entre los empleados y algunos proveedores a cuenta del sueldo o la facturación, conceptos que durante meses dejaron de pagarse en un solo pago. Eso era vital para no tener que inventar reuniones lejos del despacho comunal, rodeado de empleados administrativos y ténicos y principalmente de funcionarios políticos que le recordaban a cada rato que "vos sabés que no alcanza para vivir lo que cobramos" y "no me reciben los Petrom o Lecop (bono nacional de aquella época) en ningún lado". Son dos de las frases grabadas a fuego en el archivo guardado en la memoria del ganso que condensa el pimer mandato.
Cómo llegó y se mantiene Ponce
Para llegar al Gobierno Municipal, en 1999, derrotó en una interna a la estructura provincial del partido, con Carlos Balter a la cabeza de la lista para la Gobernación de la provincia, y a la departamental, liderada por el entonces intendente "Pichón" Abraham, quien compitió por el oficialismo partidario. En términos de la militancia, el panadero por herencia familiar con escasos recursos y prácticamente sin apoyo de dirigentes con peso en el partido juntó más votos que la lista que llevaba al intendente y al candidato demócrata más votado por los mendocinos, en 1997, desde 1983. Nunca ese partido invirtió más recursos en una campaña que en 1999, tampoco nunca se vio más cerca de regresar a la Casa de Gobierno, aunque esta vez como resultado de un comicio sin necesidad de ponerse al servicio de dictaduras asesinas que asaltaron el poder desalojando a los gobernantes y parlamentarios elegidos en votación popular con las armas que el Estado compró con plata pública para proteger a la Nación ante posibles ataques extranjeros.
Las de 1999 y 2001 fueron las últimas elecciones importantes del PD en la provincia, aunque no pudo repetir el triunfo de las legislativas del '97 y solamente ganó tres municipios: Luján, San Martín y Santa Rosa. El primero y el tercero aún se mantienen gobernados por la fuerza, a pesar de la flaca elección provincial de la agrupación en 2003, precedida por una campaña marcada por la disgregación de la cúpula dirigencial que dominó por completo el aparato del partido durante una década al mismo tiempo que se desactivaban los cuadros militantes territoriales y se esfumaban velozmente los votos que en un puñado de oportunidades llevaron al partido desde la base de entre el 13 y el 17% que sacó en los peores comicios (se supone que es el porcentaje que pone la boleta del PD sea quien sea el candidato o la circunstancia) hasta ganar en 1997.
De cara al final del segundo mandato enterró la idea de buscar un lugar en las grandes ligas de la política provincial. Hay que cuidar el feudo, en la provincia nada bueno había para el santarrosino comparado con la reelección al cargo que le permite jugar partidos como invitado en las grandes ligas.