Los radicales duros no quieren someter el futuro del partido a los resultados de una elección interna libre. Los que quieran ser candidatos deben reafirmar que piensan igual que la conducción nacional, por lo que se impedirá que los afiliados elijan si quieren ser oposición o radicales K
Los radicales siempre se jactaron de pertenecer a un partido democrático, de masas y con vocación de poder (esto casi nunca lo demostraron). Además, históricamente confrontaron en reñidas elecciones internas, lo cual instaló en el mundo de la política que los discípulos de Irigoyen gozaban más de la interna que de las elecciones generales. Sin embargo, los dirigentes que heredaron el partido después del desastrozo gobierno de Fernando De La Rúa no están dispuestos ahora a someter el futuro del partido al sentimiento mayoritario de los afiliados.
Directamente avanzaron en la proscripción del sector de los denominados radicales K, encolumnados detrás de la figura de Julio Cobos y sumados al gobierno kirchnerista. En el nombre de la doctrina radical un grupo de dirigentes, encabezados a nivel nacional por Gerardo Morales y en Mendoza por Roberto Iglesias y Ernesto Sanz, han decretado que los afiliados que comulgan con los radicales que se aliaron con el Gobierno nacional no merecen estar en el partido. No importa cuántos sean. Por más que de ese lado se enrolen más radicales que detrás de Morales y compañía, la opinión de ese grupo no cuenta.
Con esta sentencia sin apelación posible, los radicales duros demuestran que no están seguros de contar con el apoyo mayoritario de las bases partidarias. De lo contrario, someterían la decisión a los afiliados y acatarían el dictado de las urnas sea favorable o no.
En el fondo, los radicales duros saben que su cuota de poder está en el Congreso, desde donde lanzan dardos por los medios hacia varios frentes: el gobierno, los radicales K y Roberto Lavagna, son los blancos elegidos de los últimos tiempos. Lo de Lavagna es revelador, hace cuatro meses los radicales duros lo llevaban de candidato a presidente, con Morales como vice, sin haber sometido esa decisión al voto de los afiliados. Pasadas las elecciones, la alianza con Lavagna explotó. En los comicios la población les dio la espalda, tanto a Lavagna como a los radicales duros. Quedaron terceros, atrás de Elisa Carrió, otra dirigente radical expulsada por la estructura. Es decir, la existencia de la Unión Cívica Radical sólo se nota en los discursos testimoniales durante algunas sesiones, principalmente en el Senado, y en los medios opositores que usan a las lenguas más afiladas del partido para caerle al Gobierno.
Por lo demás, la mayoría de los radicales que encabezan algún Ejecutivo, ya sea provincial o municipal, que pueden dar muestra de gestión -para bien o para mal- están enrolados en el sector liderado por el vicepresidente Cobos. Estos tampoco legitimaron su postura en una interna, aunque desde que tomaron la senda del kirchnerismo desafiaron al sector duro a medirse en las urnas. En provincias adonde seguramente los afiliados iban a imponer al radicalismo K, como en Mendoza, el partido fue intervenido. Es decir, en el nombre de la doctrina partidaria se abortó el mecanismo democrático establecido para seleccionar la conducción partidaria y el camino a transitar por la fuerza de cara al futuro. Sin internas, los administradores del centenario sello de la UCR crucificaron a los que tomaron el camino K y se protegieron bajo el paraguas de Lavagna, quien ya se los cerró para volver derrotado al peronismo de Néstor Kirchner.
Morales, Sanz, Iglesias y los dirigentes del denominado radicalismo duro podrán seguir controlando las llaves de los comités, el sello partidario, los colores y las banderas. No obstante, se perderán la posibilidad de legitimarse como cabezas de un partido de masas que quiere ser opción de poder frente al peronismo o de caer en la realidad de que ni los afiliados radicales sustentan su postura, según resultara de una interna amplia que, ya anunciaron, no darán.
lunes, 25 de febrero de 2008
domingo, 24 de febrero de 2008
Descontrol en el otorgamiento de ayuda alimentaria
Entre $45 y $120 reciben los beneficiarios del plan de ayuda alimentaria Vale Más en Mendoza. Son indigentes que no tienen ni para comer, de hecho, con plan y todo no tienen ni para comer.
Actualmente, son alrededor de 25.000 los mendocinos que perciben mensualmente esta ayuda, cinco mil menos que en diciembre, cuando asumió Celso Jaque y su gabinete. Lo curioso es que de los cinco mil planes que se cayeron en menos de dos meses, 3.000 corresponden a beneficiarios que durante meses ni siquiera fueron a cobrar el subsidio. Es decir, el Estado los tenía como indigentes, dependientes de la ayuda destinada a ese sector de la población cuando en realidad nada de eso era así.
Los que no se presentaban a cobrar o no necesitaban la plata o nadie les dijo que eran beneficiarios. En cualquiera de los dos casos, son beneficiarios mal incluidos en el plan. Se trata del 10% del padrón de beneficiarios, un margen de error contundente.
Actualmente, son alrededor de 25.000 los mendocinos que perciben mensualmente esta ayuda, cinco mil menos que en diciembre, cuando asumió Celso Jaque y su gabinete. Lo curioso es que de los cinco mil planes que se cayeron en menos de dos meses, 3.000 corresponden a beneficiarios que durante meses ni siquiera fueron a cobrar el subsidio. Es decir, el Estado los tenía como indigentes, dependientes de la ayuda destinada a ese sector de la población cuando en realidad nada de eso era así.
Los que no se presentaban a cobrar o no necesitaban la plata o nadie les dijo que eran beneficiarios. En cualquiera de los dos casos, son beneficiarios mal incluidos en el plan. Se trata del 10% del padrón de beneficiarios, un margen de error contundente.
jueves, 21 de febrero de 2008
Para que inflingir una ley pudiéndola moldear a medida
¿Es más dañino el que viola una ley o el que aprovecha una posición de poder para legislar de acuerdo a intereses particulares?
En la República la función legislativa está reservada al Congreso, Parlamento o Legislatura, adonde se le debe garantizar una participación proporcional al nivel de adhesiones que consiga en la sociedad a todas las fuerzas del arco político. Para no desvirtuar el espíritu de la República, los legisladores deben producir normas de carácter general que sean aplicables a todos los ciudadanos y que tengan una vigencia extendida. Legislar a partir de casos particulares desvirtúa el sistema, sin excepciones. En el Congreso, Parlamento o Legislatura se deben diseñar, discutir y sancionar leyes que rigan todas las actividades de la sociedad.
Dicho de forma más clara, los intereses particulares deben someterse a las normas vigentes y no que estas nazcan, sobrevivan o perezcan de acuerdo a la conveniencia de grupos de poder o a las necesidades coyunturales de los partidos y caudillos políticos. Nada que ver con lo que pasa en la realidad, de la que Mendoza nos brinda una muestra acabada.
Los legisladores de la provincia se la pasan persiguiendo a la realidad. Siempre corren desde atrás, cuando no se le adelantan unos pasos para tenderle la alfombra roja de bienvenida. Y el Ejecutivo, sea cual sea el color partidario que lo conduzca, en lugar de supeditar sus planes a las normas establecidas, de respetar la ley como se le exige a cualquier ciudadano de a pie, modifica el marco legal para que no contradiga sus acciones. Esas leyes no cumplen un premisa inviolable para quien desempeña la función legislativa: no son de carácter general. Están pensadas, escritas, operadas y valoradas desde una necesidad particular que requiere libertad jurídica para llevar adelante un plan. En lugar de infringir leyes, se adapta la normativa a la necesidad particular que impulsó el trámite legislativo.
El plan de seguridad de Jaque no se ató a la ley sino que se convirtió en ley. La promocionada Ley de emergencia en seguridad es una necesidad de marketing del Gobierno para ganar tiempo mientras se le ocurre algo que neutralice el descontrol que tiene en el Ministerio de Seguridad. En realidad, evidencia la incapacidad de Jaque para transformar la burocracia porque lo que legitima la mencionada ley es la asignación de partidas a ministerios y municipios para ser gastadas sin someterse a la ley de contabilidad de la provincia.
La efectista promesa electoral de rebajar 30% los delitos en seis meses lo tiene encorcetado al gobernador. No hay entrevista o conferencia de prensa en la que no le pregunten por el tema, mientras el ministro Aguinaga se pelea con los funcionarios de Gobierno, Diego Lavado y Pablo Salinas, por los medios. El comisario Rico y la cúpula de jefes operativos del ministerio son cuestionados por profesionalizarse en el "aniquilamiento" de la subversión en los 70', lo cual no deja de generar operaciones, contraoperaciones, acusacìones y contracusaciones que involucran a funcionarios del nivel del ministro de Seguridad y rozan a la presidenta Cristina Fernández.
Las denominadas leyes "contra el delito" por lo general se inician después de un caso de alta repercusión mediática. Responden a intereses particulares de promoción de legisladores, cuando no a otros intereses menos visibles o inexplicables, pero siempre particulares.
La ley vial se trata después de un choque trágico. Y la del aborto cuando una adolescente discapacitada tiene que pasar a la clandestinidad para interrumpir un embarazo producto de una violacìón, cuya continuidad ponía en riesgo su vida.
Y la lista es larga. A veces las leyes nuevas comprenden necesidades particulares de sectores empresariales, a veces de uniones vecinales, otras veces simplemente de un club barrial en el que algún legislador junta 200 votos.
En la República la función legislativa está reservada al Congreso, Parlamento o Legislatura, adonde se le debe garantizar una participación proporcional al nivel de adhesiones que consiga en la sociedad a todas las fuerzas del arco político. Para no desvirtuar el espíritu de la República, los legisladores deben producir normas de carácter general que sean aplicables a todos los ciudadanos y que tengan una vigencia extendida. Legislar a partir de casos particulares desvirtúa el sistema, sin excepciones. En el Congreso, Parlamento o Legislatura se deben diseñar, discutir y sancionar leyes que rigan todas las actividades de la sociedad.
Dicho de forma más clara, los intereses particulares deben someterse a las normas vigentes y no que estas nazcan, sobrevivan o perezcan de acuerdo a la conveniencia de grupos de poder o a las necesidades coyunturales de los partidos y caudillos políticos. Nada que ver con lo que pasa en la realidad, de la que Mendoza nos brinda una muestra acabada.
Los legisladores de la provincia se la pasan persiguiendo a la realidad. Siempre corren desde atrás, cuando no se le adelantan unos pasos para tenderle la alfombra roja de bienvenida. Y el Ejecutivo, sea cual sea el color partidario que lo conduzca, en lugar de supeditar sus planes a las normas establecidas, de respetar la ley como se le exige a cualquier ciudadano de a pie, modifica el marco legal para que no contradiga sus acciones. Esas leyes no cumplen un premisa inviolable para quien desempeña la función legislativa: no son de carácter general. Están pensadas, escritas, operadas y valoradas desde una necesidad particular que requiere libertad jurídica para llevar adelante un plan. En lugar de infringir leyes, se adapta la normativa a la necesidad particular que impulsó el trámite legislativo.
El plan de seguridad de Jaque no se ató a la ley sino que se convirtió en ley. La promocionada Ley de emergencia en seguridad es una necesidad de marketing del Gobierno para ganar tiempo mientras se le ocurre algo que neutralice el descontrol que tiene en el Ministerio de Seguridad. En realidad, evidencia la incapacidad de Jaque para transformar la burocracia porque lo que legitima la mencionada ley es la asignación de partidas a ministerios y municipios para ser gastadas sin someterse a la ley de contabilidad de la provincia.
La efectista promesa electoral de rebajar 30% los delitos en seis meses lo tiene encorcetado al gobernador. No hay entrevista o conferencia de prensa en la que no le pregunten por el tema, mientras el ministro Aguinaga se pelea con los funcionarios de Gobierno, Diego Lavado y Pablo Salinas, por los medios. El comisario Rico y la cúpula de jefes operativos del ministerio son cuestionados por profesionalizarse en el "aniquilamiento" de la subversión en los 70', lo cual no deja de generar operaciones, contraoperaciones, acusacìones y contracusaciones que involucran a funcionarios del nivel del ministro de Seguridad y rozan a la presidenta Cristina Fernández.
Las denominadas leyes "contra el delito" por lo general se inician después de un caso de alta repercusión mediática. Responden a intereses particulares de promoción de legisladores, cuando no a otros intereses menos visibles o inexplicables, pero siempre particulares.
La ley vial se trata después de un choque trágico. Y la del aborto cuando una adolescente discapacitada tiene que pasar a la clandestinidad para interrumpir un embarazo producto de una violacìón, cuya continuidad ponía en riesgo su vida.
Y la lista es larga. A veces las leyes nuevas comprenden necesidades particulares de sectores empresariales, a veces de uniones vecinales, otras veces simplemente de un club barrial en el que algún legislador junta 200 votos.
miércoles, 20 de febrero de 2008
El Gobierno no sabe cómo controlar el brazo armado
La sucesión de decisiones fallidas que tomó el Gobierno de Celso Jaque frente a la crisis que desató el aberrante asesinato del niño Román Ciraudo, de 14 meses de vida, en Lavalle, desenmascararon la falta de control que el Ejecutivo tiene sobre la Policía.
Para reemplazar a un comisario cuestionado al frente de la Comisaría 17 de la cabecera lavallina se designó a otro que un día después fue relevado del cargo por "no cumplir las instrucciones de sus superiores", justificó el ministro Juan Aguinaga. La decisión se tomó en plena madrugada del domingo, a horas del hallazgo del cuerpo sin vida de la criatura hija de un artesano que fue en busca de ayuda policial al detectar su ausencia y denunció que no se la brindaroncon, con una juntada popular frente a la comisaría 17 que subía de temperatura.
Para salvar las metidas de patas de los dos comisarios relevados en menos de 24 horas se nombró a un tercero, a las apuradas, de madrugada. Pero no tardó en hacerse público que el salvador de la alterada seguridad pública lavallina tiene un enriedo en un procedimiento en el que se decomisaron autopartes y aparentemente no se registraron. Está bajo la lupa administrativa del Ministerio. Ayer, guinaga anunció que ese comisario tampoco seguirá al frente de la dependencia. Ya va a nombrar a otro, aunque esta vez se tomará unos días para no repetir el repetido papelón.
Para reemplazar a un comisario cuestionado al frente de la Comisaría 17 de la cabecera lavallina se designó a otro que un día después fue relevado del cargo por "no cumplir las instrucciones de sus superiores", justificó el ministro Juan Aguinaga. La decisión se tomó en plena madrugada del domingo, a horas del hallazgo del cuerpo sin vida de la criatura hija de un artesano que fue en busca de ayuda policial al detectar su ausencia y denunció que no se la brindaroncon, con una juntada popular frente a la comisaría 17 que subía de temperatura.
Para salvar las metidas de patas de los dos comisarios relevados en menos de 24 horas se nombró a un tercero, a las apuradas, de madrugada. Pero no tardó en hacerse público que el salvador de la alterada seguridad pública lavallina tiene un enriedo en un procedimiento en el que se decomisaron autopartes y aparentemente no se registraron. Está bajo la lupa administrativa del Ministerio. Ayer, guinaga anunció que ese comisario tampoco seguirá al frente de la dependencia. Ya va a nombrar a otro, aunque esta vez se tomará unos días para no repetir el repetido papelón.
viernes, 15 de febrero de 2008
El Estado tortura diariamente a los pasajeros del Este
A casi dos años de que se venciera la concesión al monopolio Corsino-Campos, sigue siendo incierto el futuro del sistema de transporte. Hasta ahora, para salir del paso se le prorrogó el contrato a las empresas cuestionadas que operan desde 2001
“La puta que lo parió se va a romper esta cagada”, murmuró un joven sentado frente a la puerta trasera de un micro de la línea 260, que salió 20 minutos antes desde La Colonia, Junín, con destino directo a Mendoza. Desde que el pasajero se dio cuenta, el coche no tardó más de un minuto en retobarse y quedarse tieso, mientras el sufrido chofer intentaba llevarlo lo más cerca posible del cordón.
Escenas de este tipo se repiten asiduamente en las calles y rutas del Este provincial, como en el acceso desde esa zona a la capital. Los usuarios del transporte público del Este provincial conciente o inconcientemente son víctimas silenciosas de la desidia estatal. Viajan mal, en micros destartalados que se viven rompiendo, llenos de mugre, inseguros por donde se los mire y muchas otras cosas más.
Algunos lo saben, aunque no debe ser la mayoría, las empresas que los trasladan hace más de un año y medio deberían haber dejado lugar a otras o bien competir por la prestación. Desde junio de 1991, cuando el estado provincial entregó en concesión tres líneas de colectivo para cubrir todos los recorridos del Este, se sabía que en junio de 2006 había que licitar nuevamente el servicio. La concesión del 91’ fue por 15 años, pero las empresas ya superaron los 16 años y medio controlando el negocio porque los gerentes del Estado no hicieron lo que debían.
La finalización del contrato del 99’ estuvo precedida por dos años de fuerte debate social y político sobre cómo evitar que la nueva concesión terminara en el mismo desastre para los usuarios que la anterior. Sin embargo, pasó junio de 2006 sin que el gobierno de Julio Cobos acusara recibo de la finalización del contrato, el cual fue prorrogado sucesivamente hasta ahora, cuando sigue sin definirse la licitación de concesionarios. Recién a mediados de 2007 se decidió avanzar en el proceso de reconcesión pero la licitación se cayó una y otra vez, hasta que cambió el Gobierno.
Francisco Pérez, el ministro de Infraestructura del Gobierno de Celso Jaque, aún no sabe qué hacer con la situación. Así lo reconoció en la reciente reunión de Gabinete realizada en San Martín. “Evaluamos distintas alternativas, en los próximos días nos decidiremos y lo comunicaremos”, dijo el funcionario en esa oportunidad pero hasta ahora no comunicó nada.
“Son unos hijos de puta, seguro ahora nos hacen esperar media hora hasta que venga el próximo micro lleno de gente y nos tenemos que comer todo el viaje parados”, volvió a murmurar el joven que predijo la salida de servicio del directo a Mendoza, mientras esperaba entre cerca de medio centenar de personas que algún micro viniera a rescatarlo lo más rápido posible, antes de que se le hiciera demasiado tarde para llegar al trabajo.
Y los murmuros del muchacho son premonitorios, al menos en materia de transporte. “Los que quieran pueden irse en el expreso (un servicio que recorre más kilómetros, para más veces, recambia más gente y se demora hasta 20 minutos que el directo en llegar a Mendoza)”, invitó tímidamente el chofer del micro averiado, a esa altura engrasado de pies a cabeza en el intento de reparar la máquina. “Los que prefieran esperar, ya viene otro directo”, aclaró. Como dijo el pasajero premonitor, todos se fueron parados, masticando bronca, pero sabiendo que mañana o pasado volverá a pasar.
La licitación
Las líneas 240, 250 y 260 serán reordenadas en dos: 700 y 750.
Para la primera ofertaron tres empresas: El Rápido SRL (64 colectivos), El Cacique SA (70) y Prestaciones SA (63). Para la línea 750 se presentaron Dice Tours SRL (77 colectivos) y Nueva Generación SA (77). Todas las ofertas incluyen sistema GPS y unidades cero kilómetro.
“La puta que lo parió se va a romper esta cagada”, murmuró un joven sentado frente a la puerta trasera de un micro de la línea 260, que salió 20 minutos antes desde La Colonia, Junín, con destino directo a Mendoza. Desde que el pasajero se dio cuenta, el coche no tardó más de un minuto en retobarse y quedarse tieso, mientras el sufrido chofer intentaba llevarlo lo más cerca posible del cordón.
Escenas de este tipo se repiten asiduamente en las calles y rutas del Este provincial, como en el acceso desde esa zona a la capital. Los usuarios del transporte público del Este provincial conciente o inconcientemente son víctimas silenciosas de la desidia estatal. Viajan mal, en micros destartalados que se viven rompiendo, llenos de mugre, inseguros por donde se los mire y muchas otras cosas más.
Algunos lo saben, aunque no debe ser la mayoría, las empresas que los trasladan hace más de un año y medio deberían haber dejado lugar a otras o bien competir por la prestación. Desde junio de 1991, cuando el estado provincial entregó en concesión tres líneas de colectivo para cubrir todos los recorridos del Este, se sabía que en junio de 2006 había que licitar nuevamente el servicio. La concesión del 91’ fue por 15 años, pero las empresas ya superaron los 16 años y medio controlando el negocio porque los gerentes del Estado no hicieron lo que debían.
La finalización del contrato del 99’ estuvo precedida por dos años de fuerte debate social y político sobre cómo evitar que la nueva concesión terminara en el mismo desastre para los usuarios que la anterior. Sin embargo, pasó junio de 2006 sin que el gobierno de Julio Cobos acusara recibo de la finalización del contrato, el cual fue prorrogado sucesivamente hasta ahora, cuando sigue sin definirse la licitación de concesionarios. Recién a mediados de 2007 se decidió avanzar en el proceso de reconcesión pero la licitación se cayó una y otra vez, hasta que cambió el Gobierno.
Francisco Pérez, el ministro de Infraestructura del Gobierno de Celso Jaque, aún no sabe qué hacer con la situación. Así lo reconoció en la reciente reunión de Gabinete realizada en San Martín. “Evaluamos distintas alternativas, en los próximos días nos decidiremos y lo comunicaremos”, dijo el funcionario en esa oportunidad pero hasta ahora no comunicó nada.
“Son unos hijos de puta, seguro ahora nos hacen esperar media hora hasta que venga el próximo micro lleno de gente y nos tenemos que comer todo el viaje parados”, volvió a murmurar el joven que predijo la salida de servicio del directo a Mendoza, mientras esperaba entre cerca de medio centenar de personas que algún micro viniera a rescatarlo lo más rápido posible, antes de que se le hiciera demasiado tarde para llegar al trabajo.
Y los murmuros del muchacho son premonitorios, al menos en materia de transporte. “Los que quieran pueden irse en el expreso (un servicio que recorre más kilómetros, para más veces, recambia más gente y se demora hasta 20 minutos que el directo en llegar a Mendoza)”, invitó tímidamente el chofer del micro averiado, a esa altura engrasado de pies a cabeza en el intento de reparar la máquina. “Los que prefieran esperar, ya viene otro directo”, aclaró. Como dijo el pasajero premonitor, todos se fueron parados, masticando bronca, pero sabiendo que mañana o pasado volverá a pasar.
La licitación
Las líneas 240, 250 y 260 serán reordenadas en dos: 700 y 750.
Para la primera ofertaron tres empresas: El Rápido SRL (64 colectivos), El Cacique SA (70) y Prestaciones SA (63). Para la línea 750 se presentaron Dice Tours SRL (77 colectivos) y Nueva Generación SA (77). Todas las ofertas incluyen sistema GPS y unidades cero kilómetro.
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jueves, 14 de febrero de 2008
Quedó al descubierto una guerra de operaciones por Rico
Las operaciones cruzadas en el seno del Gabinete de Celso Jaque por la presencia del comisario mayor retirado Carlos Rico al frente de la Subsecretaría de Seguridad amenazan con hacer volar en mil pedazos al Gobierno. El tiempo pasa, la tasa delictual sigue ahí como siempre, el ministro Juan Carlos Aguinaga se va desgastando velozmente, lo cual se aprovecha desde la estructura de la Subsecretaría de Justicia (copada por el grupo más prominente de abogados defensores de víctimas de violaciones de los derechos humanos de la provincia) para agilizar la caída de la cúpula ministerial designada por Aguinaga.
Aguinaga blanqueó la guerrra
El ministro pateó el tablero ayer denunciando la existencia de una operación para voltearlo. Y no se quedó ahí, acusó a Pablo Salinas, coordinador de Derechos Humanos, de encabezar la movida en su contra. Y si no lo hizo por un capricho, lo hizo porque tiene información de lo que denunció. O bien, las declaraciones del ministro fueron parte de la operación de Aguinaga para resistir los embates de la rama de los derechos humanos del Gobierno.
Operaciones, campañas o lo que sea, las movidas en el corazón del Gabinete fueron blanqueadas por Aguinaga, lo que no significa que desde su lado de la pelea no estén también montadas todas las operaciones que consideran necesarias para que los derechos humanos del Gobierno dejen de ser representados por el trío de abogados Diego Lavado, Salinas y Alfredo Guevara Escayola, representantes legales de los familiares del escritor Paco Urondo, desaparecido en Mendoza por la dictadura, en el proceso contra los represores que cometieron la atrocidad. Este es uno de los casos emblemáticos, de las decenas en los que participaron los ahora funcionarios.
Pensando el golpe de gracia
Por lo menos en la última semana, el trío no pasó un solo día sin pensar cómo hacer para que Rico ya no sea más funcionario de Seguridad. Lavado, Salinas y Guevara venían analizando los distintos escenarios que podían presentarse y la forma de actuar en cada uno para que fuera como fuera Rico resultara despedido del sillón en el que lo sentó Aguinaga dañando en la menor medida posible al Gobierno de Jaque, del que quieren seguir siendo parte. Entre las posibilidades nunca descartaron embestir directamente contra Aguinaga, en el caso de que ir solamente contra Rico no alcanzara para limpiar de policías retirados la cúpula del Ministerio de Seguridad.
El fantasma de Cobos
La semana pasada terminó con el Gabinete ampliado, más de 200 funcionarios, compartiendo un retiro de dos días presidido por el gobernador Jaque. Ahí estuvieron los funcionarios de Justicia (Lavado, Salinas y Guevara) y el ministro Aguinaga. Los primeros les contaron a sus compinches del gobierno los distintos escenarios en los agilizarían la caída de Rico. Solamente se llamaría a sosiego si la debacle en el Ministerio de Seguridad podía ser leída como un triunfo de la Concertación de Julio Cobos.
El ministro vs. el coordinador
Aguinaga despejó esa chance al denunciar como cabecilla de un golpe en su contra a Salinas. Si se cae Rico será solamente atribuible a la militancia de las víctimas de la dictadura y de los grupos que las contienen, adonde se destacan Lavado, Salinas y Guevara. Por encima de Salinas, están Lavado y Alejandro Cazabán, secretario General de la Gobernación y uno de los confidentes políticos del gobernador. Aguinaga le apuntó al coordinador de Derechos Humanos pero salvó a sus superiores. Todo estaba planeado, ir más alto le podía costar el cargo.
Cazabán: "No hay crisis"
Después del ruido que generó Aguinaga con su denuncia pública, Cazabán salió a querer tapar el sol con tres dedos de una mano. Cazabán fue el ministro que produjo la reforma policial, que incluyó una profunda purga en la fuerza, en 1998. También fue quien operó el desembarco de Lavado, Salinas y Guevara en el Gobierno. Esta mañana dijo que no hay crisis en el Gobierno. Pero nadie le creyó. Lo cierto es que anoche el gobernador Jaque mandó un mensaje al interior de su Gabinete: están todos confirmados en sus cargos. Prefirió seguir en crisis permanente a hacer una cirugía a dos meses de asumir.
Aguinaga blanqueó la guerrra
El ministro pateó el tablero ayer denunciando la existencia de una operación para voltearlo. Y no se quedó ahí, acusó a Pablo Salinas, coordinador de Derechos Humanos, de encabezar la movida en su contra. Y si no lo hizo por un capricho, lo hizo porque tiene información de lo que denunció. O bien, las declaraciones del ministro fueron parte de la operación de Aguinaga para resistir los embates de la rama de los derechos humanos del Gobierno.
Operaciones, campañas o lo que sea, las movidas en el corazón del Gabinete fueron blanqueadas por Aguinaga, lo que no significa que desde su lado de la pelea no estén también montadas todas las operaciones que consideran necesarias para que los derechos humanos del Gobierno dejen de ser representados por el trío de abogados Diego Lavado, Salinas y Alfredo Guevara Escayola, representantes legales de los familiares del escritor Paco Urondo, desaparecido en Mendoza por la dictadura, en el proceso contra los represores que cometieron la atrocidad. Este es uno de los casos emblemáticos, de las decenas en los que participaron los ahora funcionarios.
Pensando el golpe de gracia
Por lo menos en la última semana, el trío no pasó un solo día sin pensar cómo hacer para que Rico ya no sea más funcionario de Seguridad. Lavado, Salinas y Guevara venían analizando los distintos escenarios que podían presentarse y la forma de actuar en cada uno para que fuera como fuera Rico resultara despedido del sillón en el que lo sentó Aguinaga dañando en la menor medida posible al Gobierno de Jaque, del que quieren seguir siendo parte. Entre las posibilidades nunca descartaron embestir directamente contra Aguinaga, en el caso de que ir solamente contra Rico no alcanzara para limpiar de policías retirados la cúpula del Ministerio de Seguridad.
El fantasma de Cobos
La semana pasada terminó con el Gabinete ampliado, más de 200 funcionarios, compartiendo un retiro de dos días presidido por el gobernador Jaque. Ahí estuvieron los funcionarios de Justicia (Lavado, Salinas y Guevara) y el ministro Aguinaga. Los primeros les contaron a sus compinches del gobierno los distintos escenarios en los agilizarían la caída de Rico. Solamente se llamaría a sosiego si la debacle en el Ministerio de Seguridad podía ser leída como un triunfo de la Concertación de Julio Cobos.
El ministro vs. el coordinador
Aguinaga despejó esa chance al denunciar como cabecilla de un golpe en su contra a Salinas. Si se cae Rico será solamente atribuible a la militancia de las víctimas de la dictadura y de los grupos que las contienen, adonde se destacan Lavado, Salinas y Guevara. Por encima de Salinas, están Lavado y Alejandro Cazabán, secretario General de la Gobernación y uno de los confidentes políticos del gobernador. Aguinaga le apuntó al coordinador de Derechos Humanos pero salvó a sus superiores. Todo estaba planeado, ir más alto le podía costar el cargo.
Cazabán: "No hay crisis"
Después del ruido que generó Aguinaga con su denuncia pública, Cazabán salió a querer tapar el sol con tres dedos de una mano. Cazabán fue el ministro que produjo la reforma policial, que incluyó una profunda purga en la fuerza, en 1998. También fue quien operó el desembarco de Lavado, Salinas y Guevara en el Gobierno. Esta mañana dijo que no hay crisis en el Gobierno. Pero nadie le creyó. Lo cierto es que anoche el gobernador Jaque mandó un mensaje al interior de su Gabinete: están todos confirmados en sus cargos. Prefirió seguir en crisis permanente a hacer una cirugía a dos meses de asumir.
La crisis por el caso Rico trasciende las fronteras menducas
La crisis desatada en el Gobierno de Celso Jaque por la permanencia del comisario retirado Carlos Rico al frente de la Subsecretaría de Seguridad se ganó un espacio en medios nacionales.
Se agrava la crisis en el gobierno mendocino", titula en la sección Política de su edición impresa el Diario La nación. En la crónica da cuenta resumidamente de casi todas las aristas que rodean a la primera crisis realmente seria que enfrenta el malargüino desde que asumió el 9 de diciembre.
"Crisis política en el Gobierno de Jaque por las denuncias contra funcionarios", titula el portal Terra en su edición para Argentina. La fuente de Terra es la agencia nacional Noticias Argentinas (NA). "Aguinaga pertenece al Partido Demócrata, una fuerza de centro derecha que participó en los gobiernos provinciales de las últimas dictaduras. Además, fue candidato a vicepresidente de su partido en las últimas elecciones y perdió a manos de quien hoy es su jefe, Jaque", informa la crónica. "Rico, a su vez, admitió que fue adiestrado en 1976 en el Centro de Instrucción Contrasubversivo de la Policía Federal y que posteriormente fue designado instructor del Plan de Actividades Teóricas y Prácticas de la Subversión en Mendoza", prosigue.
El portal La Política on Line también refleja el mal momento del gobierno mendocino. "Grave crisis interna en Mendoza", titula en una de las notas que permaneció largo rato en lo más alto de la página.
Se agrava la crisis en el gobierno mendocino", titula en la sección Política de su edición impresa el Diario La nación. En la crónica da cuenta resumidamente de casi todas las aristas que rodean a la primera crisis realmente seria que enfrenta el malargüino desde que asumió el 9 de diciembre.
"Crisis política en el Gobierno de Jaque por las denuncias contra funcionarios", titula el portal Terra en su edición para Argentina. La fuente de Terra es la agencia nacional Noticias Argentinas (NA). "Aguinaga pertenece al Partido Demócrata, una fuerza de centro derecha que participó en los gobiernos provinciales de las últimas dictaduras. Además, fue candidato a vicepresidente de su partido en las últimas elecciones y perdió a manos de quien hoy es su jefe, Jaque", informa la crónica. "Rico, a su vez, admitió que fue adiestrado en 1976 en el Centro de Instrucción Contrasubversivo de la Policía Federal y que posteriormente fue designado instructor del Plan de Actividades Teóricas y Prácticas de la Subversión en Mendoza", prosigue.
El portal La Política on Line también refleja el mal momento del gobierno mendocino. "Grave crisis interna en Mendoza", titula en una de las notas que permaneció largo rato en lo más alto de la página.
miércoles, 13 de febrero de 2008
La basura, un sustento para muchos
Sucios; llenos de tierra; sobrevestidos por una turba de moscas con ojos verdes, saltones, muy grandes; se sobresaltaron al ver entrar un auto cero kilómetro hasta las barbas de ese inmundo basural que les da de comer diariamente a cambio de muchos años de vida que más adelante les cobrará. Son personas de todos tamaños, edades y colores de piel, pero de una misma condición: son indigentes.
“Del basural sacamos comida para el caballo (el motor de la carretela en la que cargan las “mercancías” que le roban a la basura) y algunas giladas para vender”, revela con sinceridad Mercedes, una morocha, de 19 años, morruda, de no más de 1,50 de altura, muy simpática después de romper el hielo con un extraño que se bajó del auto que un minuto antes la hizo recular, en un acto instintivo de autodefensa. Siempre que viene alguien desconocido y se adentra al basural en un auto nuevo es porque hay problemas, sin ninguna otra posibilidad.
Mercedes estaba metida de cabeza en una montaña de residuos, en el medio del predio del basural, junto a dos hermanos, uno mayor y otro menor que ella. El más pibe se arrimó a la conversación y sonrió al escuchar a su hermana decir que estaba terminando la escuela en la nocturna con la idea fija de enrolarse en el Ejército ni bien obtenga el diploma. Pero el más grande no se permitió ni un centímetro de confianza, miraba fiero atendiendo cada movimiento de los foráneos, un periodista y un fotógrafo.
“Hay mucha gente que come acá, yo no”, se ufanó Juan, de 20 años, tirado en una improvisada catrera colocada perfectamente debajo de un toldo enclavado a un costado de la basura. “Saco para los vicios nada más, no tengo otros gastos”.
La cantidad de gente que recurre a los basurales para sobrevivir varía directamente proporcional con el nivel de empleo que genera la agroindustria en Mendoza. A más requerimiento de este sector, menos personas llegan a hurgar en la basura. Es decir, son trabajadores no calificados que salvan la mano de obra de los momentos de mayor actividad del campo, por unos pocos pesos y negro. Así es esta provincia, los cirujas cuando los dejan ayudan a enriquecerse a los más rico.
“Del basural sacamos comida para el caballo (el motor de la carretela en la que cargan las “mercancías” que le roban a la basura) y algunas giladas para vender”, revela con sinceridad Mercedes, una morocha, de 19 años, morruda, de no más de 1,50 de altura, muy simpática después de romper el hielo con un extraño que se bajó del auto que un minuto antes la hizo recular, en un acto instintivo de autodefensa. Siempre que viene alguien desconocido y se adentra al basural en un auto nuevo es porque hay problemas, sin ninguna otra posibilidad.
Mercedes estaba metida de cabeza en una montaña de residuos, en el medio del predio del basural, junto a dos hermanos, uno mayor y otro menor que ella. El más pibe se arrimó a la conversación y sonrió al escuchar a su hermana decir que estaba terminando la escuela en la nocturna con la idea fija de enrolarse en el Ejército ni bien obtenga el diploma. Pero el más grande no se permitió ni un centímetro de confianza, miraba fiero atendiendo cada movimiento de los foráneos, un periodista y un fotógrafo.
“Hay mucha gente que come acá, yo no”, se ufanó Juan, de 20 años, tirado en una improvisada catrera colocada perfectamente debajo de un toldo enclavado a un costado de la basura. “Saco para los vicios nada más, no tengo otros gastos”.
La cantidad de gente que recurre a los basurales para sobrevivir varía directamente proporcional con el nivel de empleo que genera la agroindustria en Mendoza. A más requerimiento de este sector, menos personas llegan a hurgar en la basura. Es decir, son trabajadores no calificados que salvan la mano de obra de los momentos de mayor actividad del campo, por unos pocos pesos y negro. Así es esta provincia, los cirujas cuando los dejan ayudan a enriquecerse a los más rico.
Jaque esquiva decir que "aniquilaría" a la delincuencia
En la Asamblea Legislativa, Jaque planteó un escenario de guerraEl caso Rico hace arder el culo del Pueblo y Gobierno de Mendoza. Y con el culo ardiendo es difícil entenderse. El Gobierno quiere presentarlo como un caso judicial, adonde un juez o una Cámara o la Suprema Corte o la Corte Suprema dictaminen si el comisario mayor retirado Carlos Rico tiene que ser el subsecretario de Seguridad de la provincia. Es mucho más fácil defenderse de la autoría de crimenes de lesa humanidad que explicar por qué el Gobierno contrató a policías especializados en el "aniquilamiento" de la subversión para manejar la policía en un escenario poco menos horroroso que el de Bagdad, según lo ha descripto el gobernador desde el día que dio su primer discurso ante la Asamblea Legislativa en calidad de primer mandatario.
Los organismos de derechos humanos hacen su parte, teñida por el resentimiento lógico contra los represores, pero válida y valiosa para no olvidarse nunca de lo que pasó. Se siente la ausencia de los abogados Diego Lavado, Pablo Salinas y Alfredo Guevara Escayola del lado más débil de la trinchera, enfrente del Gobierno. Ahora son funcionarios y ayudan a pensar (por lo menos debieran si ejercen responsablemente al empleo que Jaque les dio) al gobierno cómo desairar a los organismos a los que hasta diciembre les traducían la bronca en estrategia judicial y política.
Y en el medio un montón de gente termina creyendo que Rico le va a salvar la vida y la virginidad de sus hijas. Y otro montón de gente cree que hay confusión en el Gobierno respecto a qué hacer con la seguridad.
Detrás del caso Rico no existe una disputa judicial. El comisario mayor retirado fue entrenado para aniquilar la subversión y rindió examenes brillantes durante el curso. Se destacó en el aprendizaje de las técnicas con las que las Fuerzas Armadas que golpearon al Estado en 1976 desaparecieron personas, robaron bienes, empeñaron el país y sembraron terror por todos los rincones.
El caso Rico entraña una discusión política. Jaque considera que a la delincuencia actual hay que combatirla con las técnicas que conocen perfectamente Rico y otros cinco jerarcas policiales retirados que cuentan con la misma formación del subsecretario. No lo dice, pero actúa en consecuencia. Lavado, Salinas y Guevara hasta ahora comparten esa decisión, o por lo menos la acatan. Ordenar públicamente la "aniquilación" de la delincuencia no es grato. Hacerlo en las sombras con un paragua por si sale mal, e la elección del malargüino. Si no funciona será culpa del ganso al que sentó en el Ministerio de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, quien quedará defenestrado en la arena política. Y como sabe que no va a funcionar va ganando timpo, ya vendrá el tiempo de otro ministro mas siniestro que el ganso. Pero como va a partir desde tan a la derecha, se le complicará salir de la maraña y otra vez Jaque tendrá tiempo.
El gobernador está jaqueado, el 9 de junio todos le irán a decir que pasaron seis meses de gobierno y la inseguridad sigue igual o peor que antes. No habrá cumplido la promesa electoral, aunque inventará cifras, el estilo INDEC para medir el costo de vida, que casi nadie le creerá. El gobernador o tiene un plan de "aniquilación" de la delincuencia o es un inocente que se atrapó solo por su incapacidad para conducir la política de Seguridad. En el caso Rico no tiene nada que ver la Justicia.
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