El caso Rico hace arder el culo del Pueblo y Gobierno de Mendoza. Y con el culo ardiendo es difícil entenderse. El Gobierno quiere presentarlo como un caso judicial, adonde un juez o una Cámara o la Suprema Corte o la Corte Suprema dictaminen si el comisario mayor retirado Carlos Rico tiene que ser el subsecretario de Seguridad de la provincia. Es mucho más fácil defenderse de la autoría de crimenes de lesa humanidad que explicar por qué el Gobierno contrató a policías especializados en el "aniquilamiento" de la subversión para manejar la policía en un escenario poco menos horroroso que el de Bagdad, según lo ha descripto el gobernador desde el día que dio su primer discurso ante la Asamblea Legislativa en calidad de primer mandatario.
Los organismos de derechos humanos hacen su parte, teñida por el resentimiento lógico contra los represores, pero válida y valiosa para no olvidarse nunca de lo que pasó. Se siente la ausencia de los abogados Diego Lavado, Pablo Salinas y Alfredo Guevara Escayola del lado más débil de la trinchera, enfrente del Gobierno. Ahora son funcionarios y ayudan a pensar (por lo menos debieran si ejercen responsablemente al empleo que Jaque les dio) al gobierno cómo desairar a los organismos a los que hasta diciembre les traducían la bronca en estrategia judicial y política.
Y en el medio un montón de gente termina creyendo que Rico le va a salvar la vida y la virginidad de sus hijas. Y otro montón de gente cree que hay confusión en el Gobierno respecto a qué hacer con la seguridad.
Detrás del caso Rico no existe una disputa judicial. El comisario mayor retirado fue entrenado para aniquilar la subversión y rindió examenes brillantes durante el curso. Se destacó en el aprendizaje de las técnicas con las que las Fuerzas Armadas que golpearon al Estado en 1976 desaparecieron personas, robaron bienes, empeñaron el país y sembraron terror por todos los rincones.
El caso Rico entraña una discusión política. Jaque considera que a la delincuencia actual hay que combatirla con las técnicas que conocen perfectamente Rico y otros cinco jerarcas policiales retirados que cuentan con la misma formación del subsecretario. No lo dice, pero actúa en consecuencia. Lavado, Salinas y Guevara hasta ahora comparten esa decisión, o por lo menos la acatan. Ordenar públicamente la "aniquilación" de la delincuencia no es grato. Hacerlo en las sombras con un paragua por si sale mal, e la elección del malargüino. Si no funciona será culpa del ganso al que sentó en el Ministerio de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, quien quedará defenestrado en la arena política. Y como sabe que no va a funcionar va ganando timpo, ya vendrá el tiempo de otro ministro mas siniestro que el ganso. Pero como va a partir desde tan a la derecha, se le complicará salir de la maraña y otra vez Jaque tendrá tiempo.
El gobernador está jaqueado, el 9 de junio todos le irán a decir que pasaron seis meses de gobierno y la inseguridad sigue igual o peor que antes. No habrá cumplido la promesa electoral, aunque inventará cifras, el estilo INDEC para medir el costo de vida, que casi nadie le creerá. El gobernador o tiene un plan de "aniquilación" de la delincuencia o es un inocente que se atrapó solo por su incapacidad para conducir la política de Seguridad. En el caso Rico no tiene nada que ver la Justicia.
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