¿Es más dañino el que viola una ley o el que aprovecha una posición de poder para legislar de acuerdo a intereses particulares?
En la República la función legislativa está reservada al Congreso, Parlamento o Legislatura, adonde se le debe garantizar una participación proporcional al nivel de adhesiones que consiga en la sociedad a todas las fuerzas del arco político. Para no desvirtuar el espíritu de la República, los legisladores deben producir normas de carácter general que sean aplicables a todos los ciudadanos y que tengan una vigencia extendida. Legislar a partir de casos particulares desvirtúa el sistema, sin excepciones. En el Congreso, Parlamento o Legislatura se deben diseñar, discutir y sancionar leyes que rigan todas las actividades de la sociedad.
Dicho de forma más clara, los intereses particulares deben someterse a las normas vigentes y no que estas nazcan, sobrevivan o perezcan de acuerdo a la conveniencia de grupos de poder o a las necesidades coyunturales de los partidos y caudillos políticos. Nada que ver con lo que pasa en la realidad, de la que Mendoza nos brinda una muestra acabada.
Los legisladores de la provincia se la pasan persiguiendo a la realidad. Siempre corren desde atrás, cuando no se le adelantan unos pasos para tenderle la alfombra roja de bienvenida. Y el Ejecutivo, sea cual sea el color partidario que lo conduzca, en lugar de supeditar sus planes a las normas establecidas, de respetar la ley como se le exige a cualquier ciudadano de a pie, modifica el marco legal para que no contradiga sus acciones. Esas leyes no cumplen un premisa inviolable para quien desempeña la función legislativa: no son de carácter general. Están pensadas, escritas, operadas y valoradas desde una necesidad particular que requiere libertad jurídica para llevar adelante un plan. En lugar de infringir leyes, se adapta la normativa a la necesidad particular que impulsó el trámite legislativo.
El plan de seguridad de Jaque no se ató a la ley sino que se convirtió en ley. La promocionada Ley de emergencia en seguridad es una necesidad de marketing del Gobierno para ganar tiempo mientras se le ocurre algo que neutralice el descontrol que tiene en el Ministerio de Seguridad. En realidad, evidencia la incapacidad de Jaque para transformar la burocracia porque lo que legitima la mencionada ley es la asignación de partidas a ministerios y municipios para ser gastadas sin someterse a la ley de contabilidad de la provincia.
La efectista promesa electoral de rebajar 30% los delitos en seis meses lo tiene encorcetado al gobernador. No hay entrevista o conferencia de prensa en la que no le pregunten por el tema, mientras el ministro Aguinaga se pelea con los funcionarios de Gobierno, Diego Lavado y Pablo Salinas, por los medios. El comisario Rico y la cúpula de jefes operativos del ministerio son cuestionados por profesionalizarse en el "aniquilamiento" de la subversión en los 70', lo cual no deja de generar operaciones, contraoperaciones, acusacìones y contracusaciones que involucran a funcionarios del nivel del ministro de Seguridad y rozan a la presidenta Cristina Fernández.
Las denominadas leyes "contra el delito" por lo general se inician después de un caso de alta repercusión mediática. Responden a intereses particulares de promoción de legisladores, cuando no a otros intereses menos visibles o inexplicables, pero siempre particulares.
La ley vial se trata después de un choque trágico. Y la del aborto cuando una adolescente discapacitada tiene que pasar a la clandestinidad para interrumpir un embarazo producto de una violacìón, cuya continuidad ponía en riesgo su vida.
Y la lista es larga. A veces las leyes nuevas comprenden necesidades particulares de sectores empresariales, a veces de uniones vecinales, otras veces simplemente de un club barrial en el que algún legislador junta 200 votos.
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