Un auxiliar de la Policía gatilló la bala que mató a Franco Díaz, de 19 años, durante una represión derivada de un procedimiento por ruidos molestos. Afrontará en soledad una acción penal por homicidio agravado, como fue calificado el hecho, mientras el Gobierno debe determinar quiénes fueron los responsables operativos y/o políticos para que los efectivos enviados a desactivar una contravención al Código de Faltas terminaran protagonizando una batalla campal con consecuencias trágicas.
La intervención policial respondió a una denuncia telefónica por los ruidos que generaba una fiesta en una casa particular, pero generó consecuencias infinitamente más dañinas que los efectos nocivos de la acción violatoria del Código de Faltas que la motivó. En lugar de apaciguar la madrugada alterada por el volumen de la música de una fiesta, como pretendía el autor del llamado que convocó a los uniformados, la Policía terminó a los tiros contra un grupo de jóvenes que se negaba a cortar la diversión.
Ante la resistencia de los denunciados a mermar el volumen de la música, se activó un operativo que contempló el desplazamiento de 11 policías al lugar y el uso de itakas con postas de goma contra los jóvenes, previo al disparo con un arma de fuego que mató a Franco Díaz.
Los primeros policías que llegaron a la fiesta pidieron refuerzos cuando encontraron resistencia de los participantes a ajustar los decibeles a los niveles permitidos por el Código de Faltas. La situación se recalentó hasta derivar en un cruce de piedras del lado de los jóvenes y balas de goma disparadas por los efectivos.
En ese escenario, un auxiliar de la Policía gatilló la pistola nueve milímetros reglamentaria y un proyectil de ese calibre mató a Franco Díaz. El auxiliar quedó detenido tras confirmarse que fue el único de los 11 policías que participaron en el operativo que usó la pistola nueve milímetros y todo indica que fue el autor del disparo mortal.
La instrucción de la causa Penal está encaminada hacia una definición rápida y contundente de la acusación previa al juicio oral. Todo lo contrario sucede en la investigación para esclarecer las causas para que un procedimiento por ruidos molestos terminara con un violento enfrentamiento entre policías y jóvenes ruidosos.
¿El uso de armas con balas de goma para reprimir un conflicto generado en una transgresión al Código de Faltas está amparado por los lineamientos políticos que definen los límites de actuación de los policías?
La respuesta es necesaria antes de iniciar la pesquisa administrativa. No es lo mismo fracasar por errores en la ejecución del protocolo que por romper el protocolo, aunque las consecuencias sean idénticas.
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