Un fiscal Penal le imputó el delito de "coacción" a la dirigencia de ATE por los métodos utilizados en un plan de lucha por el Convenio Colectivo del sector Salud
La Justicia Penal de Neuquén sentó un antecedente para la criminalización de la protesta social mientras en el país se cocina a presión un conflicto por la reforma laboral.
El fiscal Pablo Vignaroli notificó el avance de una causa por "coacción" al gobierno provincial de Omar Gutiérrez contra los dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado que encabezan un plan de lucha iniciado por diferencias en la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo del sector Salud y Desarrollo Social y generalizado a toda la administración tras 15 días sin llegar a un acuerdo.
Vignaroli justificó la imputación por coacción en "los métodos utilizados" por los gremialistas para conseguir una respuesta a sus reclamos de parte del Gobierno.
El fiscal del fuero Penal actuó como consecuencia de una serie de denuncias realizadas por el gobierno provincial. Imputó por interrumpir el tránsito y "coaxionar" al gobierno a Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén, y a Jorge Marillán, adjunto del gremio, además de otros dirigentes que acompañaron las acciones sindicales.
El gobierno denunció el entorpecimiento del ingreso a oficinas públicas, además del impedimento al tránsito en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, adonde se montó una protesta del sindicato de los estatales.
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