miércoles, 29 de octubre de 2008

Ni las operaciones de Jaque salvaron al intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado

El salvavidas que el gobierno de Celso Jaque le acercó al intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, estaba pinchado. A un año de ganar las elecciones, el cacique se hunde en el lodo de una feroz pelea política con el Concejo Deliberante. La fuerte presión política y la apelación a la Justicia que operaron desde el palacio gubernamental no surtió efecto.

El jefe comunal, jaqueado por la totalidad de los ediles del departamento -incluidos los tres oficialistas-, que dicen tener pruebas para echarlo, quedó al borde de la destitución tras el fracaso de una desesperada serie de operaciones de la administración provincial para salvarle el pellejo. El jueves será suspendido y en menos de 15 días destituido, a menos que cuatro ediles como mínimo cambien la postura sostenida con firmeza hasta el momento.

Por orden del gobernador, el flamante ministro de Gobierno, Mario Adaro, jugó fuerte en la pelea política santarrosina pero no consiguió los resultados que esperaba. Para convencer a los ediles de bajar el tono del enfrentamiento y discutir una marco de convivencia para el futuro, Adaro apeló a dirigentes de peso regional de los tres partidos representados en el Concejo santarrosino para que actuaran como mediadores. Eligió al peronista Jorge Giménez, intendente de San Martín, el cobista Mario Abed, de Junín, y el demócrata José Pipo Álvarez, presidente del Concejo Deliberante de San Martín. La estrategia naufragó rápidamente cuando los intermediarios ni siquiera fueron escuchados seriamente por sus partidarios del Concejo.

El paso siguiente de la estrategia del gobierno provincial fue presionar a los tres ediles del PJ amenazándolos con la marginación de por vida del seno partidario. Tampoco surtió efecto, como la amenaza de no brindar ninguna colaboración logística ni económica por parte de la administración central a la comuna si reemplazan a Salgado por un concejal.

Luego, Adaro intentó convencer de a uno a los concejales oficialistas. Pero ni en absoluto secreto los ediles aceptaron los ofrecimientos del gobierno para desistir del juicio a Salgado. En la Casa de Gobierno hicieron trascender que los dos cobistas y el único radical con bancas estaban dispuestos a frenar el proceso de destitución del intendente pero pedían el acompañamiento de por lo menos un peronista. Para echar al intendente alcanzan con siete votos en el Concejo Deliberante, por lo que con las voluntades del radical y los dos miembros de CONFE de Cobos a favor no alcanza para salvar al jefe comunal.

Jaque siempre estuvo en contacto con Salgado, quien le responde incondicionalmente y no tiene ningún otro paragua protector más que el que pueda abrirle el gobernador. El domingo, el mandatario decidió meterse a la cancha personalmente pidiéndoles una reunión privada a los tres ediles peronistas. Logró frenar una sesión especial prevista para el lunes en la mañana, en la que se presentarían los cargos formales contra el intendente, formulados por una comisión investigadora.

Sin embargo, el lunes Jaque viajó a Capital Federal a participar de un llamado a licitación relacionado con la concreción de la línea eléctrica Comahue-Cuyo, junto al superministro Julio De Vido. Los ediles santarrosinos desconocían ese viaje y creían que en ese momento iban a ser recibidos por el mandatario para tratar la compleja situación política del departamento esteño.

Los concejales se sintieron desairados por el gobernador e interpretaron que éste no estaba tan jugado con Salgado. Entonces, la intervención de Jaque sólo frenó por 24 horas el plan original que tenía el cuerpo deliberante en pleno: reunirse el lunes para aprobar un dictamen acusatorio, el paso previo a la suspención preventiva del jefe comunal.

El martes se concretó la sesión especial. El cuerpo aprobó la acusación contra el intendente y lo citó para el jueves al recinto para informarle de la decisión. Según el procedimiento legal el jefe comunal sólo debe escuchar la acusación, sin chances de defenderse en ese momento. Una vez cumplido ese trámite, el cuerpo decidirá la suspención preventiva y tendrá 15 días corridos para finalizar la investigación.

Si en ese lapso no toma ninguna decisión o concluye que el intendente no cometió ninguna violación a las leyes que regulan su función, la suspención queda sin efecto y el cacique puede volver de inmediato a su puesto.

Pero si los ediles cierran el expediente con la convicción de que existieron irregularidades en el manejo de la Intendencia, deben citar al jefe comunal para que exponga su defensa de forma oral. A esa cita pueden acompañarlo su secretario y los abogados que elija para que lo defiendan. Tienen todo el tiempo que considere necesario para alegar en contra de la acusación.

El último paso, a cumplir no bien termina la defensa del intendente, es la votación del plenario del Concejo por la inocencia o la culpabilidad del jefe comunal. Para que se produzca la destitución, dos tercios de los ediles (7) tienen que condenarlo.

Si Salgado es destituido, asumirá la jefatura comunal el peronista José Antonio López, ya que el ganso Gustavo Muñoz, dejaría la Presidencia del Concejo para que el poder lo ejerza un hombre del partido triunfador en las elecciones del 28 de octubre del año pasado.