Sin ningún proyecto para el desarrollo del departamento y su gente, la dirigencia política santarrosina toma de rehénes a los vecinos en una descarnada guerra por los espacios de poder.
Maniobras burdas, operaciones abstractas, sin causas ni objetivos predeterminados, denuncias policiales, bravuconadas y hasta empujones cuerpo a cuerpo condimentan el escandaloso modelo de construcción política que impera en Santa Rosa. Acudir a la Justicia para que resuelva los conflictos políticos y tomar de rehén a la "población civil", son dos prácticas arraigadas en la cultura política santarrosina. Como son tradicionales los enfrentamientos del Concejo con el intendente de turno, aunque nunca hasta ahora un jefe comunal logró abroquelar en su contra a la totalidad de los ediles, como hizo Sergio Salgado a menos de 10 meses de asumir.
En un nuevo capítulo de una zaga longeva de explosiones que se producen en el corazón del manejo del Estado Municipal y salpican de esquirlas hasta a los pobres puesteros que viven metidos en el desierto, en la comuna se reveló un virtual conflicto de poderes. Todo el Concejo Deliberante cuestiona la gestión del jefe comunal que está alineado sin condiciones con el gobernador Celso Jaque.
Salgado acusa a los concejales de extorsión. Dice que le pidieron cinco cargos en el gabinete para aprobar el destino de $4 millones que no estaban en el presupuesto tal cual lo planeó el Ejecutivo. Finalmente, el cuerpo deliberante en pleno, incluida la bancada oficialista, le propinó un golpe duro al jefe del Ejecutivo variando sustancialmente los planes que tenía para el fondo compuesto por mayores ingresos a los previstos cuando se hizo el presupuesto.
Frente a esa actuación de los concejales, el intendente levantó la apuesta: anunció la paralización de las prestaciones comunales y el cese inmediato de 320 contratados. Adujo que la ordenanza le impedía pagar los haberes de la totalidad de los municipales contratados y los seguros de los vehículos comunales, entre otras cosas que provocaban la paralización de la comuna.
Tras un miércoles plagado de incidentes y acusaciones cruzadas, el intendente y los concejales se reunieron al anochecer y acordaron estudiar la ordenanza, aunque para sellar el trato de paz Salgado debió aceptar la validez de la norma que modificó el plan de gobierno que él tenía pensado ejecutar con los $4 millones que tiene disponibles. A los contratados les garantizaron que al menos por un mes más conservarán los puestos y los sueldos. En ese tiempo debería resolverse definitivamente la situación.
Descontrol e intervención provincial
Los trabajadores despedidos no se la agarraron con Salgado cuando lo escucharon decir que ya no podría pagarles. Al contrario, adoptaron una postura que fue funcional a la posición del Ejecutivo en el punto más caldeado del conflicto. No tardaron en salir a escrachar a los ediles en sus viviendas particulares y luego tomaron la sede del Concejo Deliberante, exigiendo que se volviera atrás con las modificaciones al destino de los recursos, condición que puso Salgado para no avanzar con los despidos.
Ayer, mientras permanecía tomado el Concejo y cortadas las rutas, un grupo de concejales viajó a la Casa de Gobierno con el objetivo de encontrar un mediador externo para el conflicto de poderes departamental. Los ediles se reunieron con el ministro de Gobierno, Juan Marchena, quien expresó su voluntad de ayudar a bajar los decibeles de la pelea pero antes de poder hacer nada tuvo que abortar la misión.
El ministro político del Gobierno fue sorprendido por una declaraciones de Salgado a la prensa en las que lo acusó de fogonear el conflicto. De inmediato Marchena le ordenó a un vocero que revelara su versión sobre el papel que jugó en el caso de Santa Rosa. "El ministro les pidió prudencia a los concejales, trató de encontrar un punto de contacto entre las partes para intentar un acercamiento desde ahí", señaló la voz oficial de la cartera.
Mientras que un colaborador del ministro aseguró que fue grande la sorpresa de Marchena por el ataque de Salgado, a tal punto que no le encontraban una justificación lógica. El intendente de Santa Rosa prácticamente no tiene estructura propia, lo quedó demostrado en la última sesión del Concejo, por lo que desde un principio se declaró jaquista.
Tiene buena llegada al influyente secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y atención preferencial del ministro de Infraestructura Francisco Paco Pérez, quien tiene entre sus misiones consolidar un núcleo duro de dirigentes partidarios que respondan directamente al gobernador, sin intendentes ni operadores profesionales de por medio.
Marchena es el presidente del PJ provincial pero está afuera de ese armado. El ministro no lo dijo ni lo mandó a decir con los comunicadores de la cartera pero ninguna hipótesis de las que maneja sobre la reacción de Salgado tiene más fuerza que la que señala que en una oficina ubicada en el mismo piso de la Casa de Gobierno que su ministerio se originó la acusación sobre él que después suscribió el intendente del Este.
En la Casa de Gobierno el conflicto llegó a esferas más altas que las de los ministros. Salgado reveló que habló telefónicamente con el gobernador Jaque de la situación y afirmó que recibió un apoyo incondicional del mandatario.
En el fondo hay $20 millones
La pelea de fondo (aún con cambio de actores y de roles), es la misma de los últimos 9 años, al menos. Con la actualización correspondiente a los vaivenes de la economía, $20 millones (16 del presupuesto original más los 4 que no estaban en la pauta) provocan hoy la disputa particular en la política del departamento del Este. Concretamente, todos los enfrentamientos en la política santarrosina son por el manejo de la porción del presupuesto comunal que no va a pagar sueldos y gastos corrientes y la disposición de cargos y contratos para repartir entre los partidarios, dos de las principales fuentes de financiamiento de la política departamental.
Cuando Salgado estaba del otro lado
En ese esquema, las peleas escandalosas y los acuerdos silenciosos que las suceden son moneda corriente desde hace muchos años. Cuando era intendente el demócrata Antonio Ponce (1999-2007), Salgado encabezaba los ataques desde el Concejo Deliberante, en muchas ocasiones con el apoyo de algunos gansos. En Santa Rosa, siempre está latente el juicio político al intendente, situación de la que Ponce safó al menos dos veces por escaso margen, resignando lugares claves del gabinete a favor de los acuerdos para no terminar destituído.
La judicialización de la política también tiene antecentes en el departamento. En enero de 2002, se registró un curioso caso que terminó con el tiempo archivado en un Juzgado pero las denuncias originadas en la política son numerosas. Cuando en Mendoza se multiplicaban las manifestaciones hacia las sedes municipales con la consigna "que se vayan todos" que rápidamente era negociada por "bajen los sueldos políticos", en el Concejo santarrosino aprobaron un fuerte recorte de las dietas, con la presión de la gente en la calle. Sin embargo, ni bien levantaron concurrieron a la Comisaría y denunciaron amenazas e intimidación. Con ese pretexto dejaron sin efecto el recorte.
El pueblo pobre de un departamento productivo
Santa Rosa tiene 15.700 habitantes, según el Censo 2001. Entonces, el 21% de los santarrosinos no cubrían las necesidades básicas y todavía no se sentían los peores efectos de la crisis. En los distritos más poblados (la Villa Cabecera, La Dormida y Las Catitas), menos del 30% de las calles urbanas están asfaltadas.
En la comuna trabajan poco más de 600 personas, la mitad alistada en la planta formal y el resto tiene contrato, es decir, su estabilidad depende del gobierno de turno, de quien también dependió en la gran mayoría de los casos el ingreso.
Frente a este panorama de pobreza y postergación, en Santa Rosa hay varias bodegas muy importantes con muchas hectáreas de viñedos y mercados en todo el país y el exterior. Zucardi, Viñas Fundación de Mendoza y Fantelli, son sólo algunos ejemplos. También se explota la ganadería con apoyo estatal.
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