Signo de preocupación: el hombre fuerte del gobierno entró en escena
El gobierno de Celso Jaque dio claras señales de la estrategia con la que tratará de frenar los efectos dañinos del caso Cadillacs: el costo político lo tratará de saldar con las cabezas de los secretarios Luis Böhm, de Turismo, y Betriz Barbera, de Deportes; mientras que desempolvará expedientes de aportes financieros a diversos eventos durante las gestiones de Roberto Iglesias y Julio Cobos para bajar los decibeles de las acusaciones fogoneadas desde la oposición legislativa.
Una virulenta reacción mediática de Carlos Böhm, ministro de la Suprema Corte de Justicia y padre del secretario de Turismo, contra los dos hombres fuertes del entorno de Jaque: Alejandro Cazabán, secretario general de la Gobernación, y Raúl Perruco Leiva, jefe de asesores del mandatario, dejó al descubierto que el gobierno le soltó la mano al responsable de la atracción de visitantes a la provincia.
Desde la Secretaría de Böhm (foto de la izquierda) se efectuó el polémico pago de los $315.000 que el gobierno les concedió gratuitamente a los organizadores privados del último show de los Fabulosos Cadillacs en Mendoza.
Por eso, el funcionario fue el primero en quedar comprometido al ventilarse los detalles que hacen presumir que el aporte fondos públicos para la presentación de la banda de ska fue irregular. Böhm se defendió en el Senado revelando que la plata salió del presupuesto a su cargo por pedido de Leiva y con la condición de que sería reintegrada. Según Böhm, Cultura no tenía fondos y Turismo los prestó, tras la intervención del jefe de asesores. El secretario fue desmentido por Leiva en el Senado y se convirtió en el primer funcionario imputado por fiscal Eduardo Martearena, quien calificó las actuaciones como defraudación al Estado.
En los primeros tramos de la causa judicial las imputaciones se enfocaron sobre los responsables de Offside, la empresa organizadora del recital y destinataria del gordo aporte estatal. Pero el martes se sumó Böhm a la lista de sospechosos que surge de los indicios que valoró hasta el momento el fiscal.
Nadie del gobierno salió a defenderlo y más de una fuente gubernamental ya lo dan afuera del cargo, como a la secretaria de Deportes, quien con sus manifestaciones públicas desbarató el primer argumento del gobierno para justificar el aporte $315.000. La apuesta, según las voces en off vinculadas al Ejecutivo, es que con la salida de los dos secretarios queden saldados los costos políticos del caso sin que se siga incrementando el desgaste de las figuras rutilantes, como lo son Leiva y Cazabán.
En el mismo lodo todos manoseaos
Para desinflar la movida legislativa de la oposición, iniciada en la Cámara Alta por el radical Leopoldo Cairone, el gobierno tratará de demostrar que los dos gobiernos anteriores -de Roberto Iglesias y Julio Cobos- actuaron de la misma manera que el actual en repetidas oportunidades. El vocero de esta estrategia fue Cazabán, quien le habla a los grabadores sólo en casos extremos.
Ayer, mientras en la Casa de Gobierno se escaparon varios juegos de fotocopias de un decreto de Jaque que le otorgó un subsidio de $150.000 a un club del Barrio Cano, presidido por Cairone, el secretario de la gobernación se metió en un terreno en el que las dos gestiones anteriores tienen tantos motivos como la actual para evitar.
"Hay que investigar todo, los subsidios, las contrataciones de artistas, los auspicios, la publicidad que se hizo con los diario Uno, Los Andes, los canales 9 y 7, los subsidios al sector productivo, todo", metralló con su verba Cazabán. Una lectura lógica de la provocación del secretario de la Gobernación arroja que lo que pretende no es que se investiguen todos esos aspectos hacia atrás, sino que se neutralice la arremetida legislativa en el caso Cadillacs.
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