El gobierno de Celso Jaque privilegió los lazos con la Casa Rosada y la coyuntura financiera de la Provincia por sobre la defensa de las razones de Mendoza contra la aplicación de la promoción industrial en provincias vecinas. Por eso, retiró una demanda en la Corte hace más de un año a cambio de que la Nación le tapara la deuda pública, dejando la resistencia judicial al decreto 699 de promoción bajo exclusiva responsabilidad de la Cámara de Comercio de San Rafael.Celso le dejó abierto a Paco el partido de la promoción industrial. Pérez lo dio por terminado y se preparaba para un duelo revancha cuando entraron a la cancha los líderes cegetistas de las provincias promocionadas con los tapones de punta contra Mendoza.
Amenazaron con boicotear la economía mendocina para devolver la discusión por la promoción industrial en la tapa de los diarios y en el centro de la agenda política regional. No comprar productos mendocinos para protestar por la postura de la provincia frente a los términos del decreto 699, que prorroga la vigencia de la promoción en San Juan, San Luis, La Rioja y Caramarca, es impracticable para las centrales obreras oficialistas de los cuatro Estados en conflicto con Mendoza.
Es más probable la venganza anunciada por el secretario general de la CGT local, Rodolfo Calcagni, en caso de que se concrete el boicot. Cortar el paso de camiones en la ruta es más factible que ordenar qué consume el mercado. Pero la guerra sindical no existe, es sólo un coletazo de la presión política creciente de un conflicto de intereses que no se resuelve.
La aplicación del decreto 699 está suspendida por una acción judicial promovida por la Cámara de Comercio de San Rafael, que tiene intereses económicos en juego. Pero el fondo del conflicto está enquistado en la política, adonde son múltiples los condicionamientos no sólo para los Ejecutivos de las provincias involucradas, sino para los tres poderes.
Sino fuera por la acción judicial de los empresarios sanrafaelinos, Jaque no hubiese tenido ningún elemento de presión con el poder de los frenos que desde tribunales federales se activaron sobre el decreto de prórroga de la promoción industrial. En la arena política, el gobernador de Mendoza logró parar el partido pero no lo pudo ganar.
En el reinicio del juego, los líderes sindicales de las provincias promocionadas metieron una puñalada sobre el arco mendocino, cuando Paco Pérez estaba distraído confiado en que el decreto 699 era parte de la historia y que, el futuro de la promoción industrial sería encaminado por un nuevo esquema nacional que incluiría a Mendoza.
En tren de reabrir un espacio en la agenda de la transición para la promoción industrial, Pérez adelantó que viajará la semana que viene a La Rioja para reunirse con el gobernador Luis Beder Herrera. A los ojos del gobierno de Jaque, esa provincia es la que menos cuestionamientos merece a la hora de evaluar la justicia de la promoción industrial, a tal punto que el ministro de la Producción, Raúl Mercau, reconoció que hay en ese estado 10.000 puestos de trabajo que dependen de la continuidad de los beneficios impositivos.
En la primera salida de la provincia como gobernador electo, Pérez viajó a San Juan para reunirse con el mandatario reelecto por segunda vez, José Luis Gioja. Ahí, el próximo dueño temporal del sillón de San Martín advirtió que "en ese tema (el de la promoción industrial) tiene que estar por delante la política a la economía".
Cronología
El régimen de promoción industrial se creó en 1979 mediante la Ley 22.021 para las empresas instaladas en La Rioja, San Luis y Catamarca. Luego se sumó San Juan.
El 20 de mayo de 2010 la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 699, por el cual prorrogó por 15 años los beneficios de la promoción industrial.
El 27 de mayo, la noticia explotó en Mendoza y Jaque aseguró que se va a oponer ante la Nación por la promoción
El 11 de junio, el juez federal de San Rafael Héctor Raúl Acosta hizo lugar a un amparo planteado por la Cámara de Comercio de ese departamento y frenó la aplicación del decreto.
El 21 de junio, Mendoza presentó un amparo ante la Corte Suprema. Planteó la inconstitucionalidad del decreto que reaviva la promoción y pidió su suspensión.
El 21 de setiembre, Jaque anunció que Mendoza sería incluida en los beneficios del régimen de promoción industrial. La provincia levantó la demanda ante la Corte Suprema.
El 26 de agosto de 2011, la Cámara Federal de Apelaciones volvió a suspender la vigencia del decreto 699, al aceptr un recurso extraordinario presentado por la Cámara de Comercio de San Rafael.
El 9 de noviembre de 2011, los líderes cegetistas de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca acordaron boicotear la economía mendocina como protesta si la provincia no cede a la aplicación del decreto 699.
El 10 de noviembre de 2011, la CGT de Mendoza amenazó con contraatacar cortando el paso a los camiones provenientes de las provincias promocionadas. Mientras, el Gobierno de Jaque le bajó los decibeles al conflicto.
El 11 de noviembre, La Fiscalía de Estado de Mendoza presentó una denuncia penal contra las CGT Regionales de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca por la amenaza de boicot.
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