La apelación a la violencia, la difusión de una acusación mentirosa, la militancia mediática de una causa vieja, no definida administrativa ni judicialmente, que implica a un candidato después de un montón de años y otras prácticas de este estilo determinan que una campaña se considere sucia.
En el último de estos casos, no hay argumentos legales para agilizar una investigación de un supuesto delito administrativo o penal cuando durante años la pesquisa durmió sin que nadie se escandalizara. Un mes más de reposo no cambia nada en la situación legal, en la posición del implicado frente a la ley y a la interpretación de la Justicia. En cambio, la reactivación de la causa en plena campaña genera consecuencias electorales, más allá que al final del proceso el candidato involucrado sea absuelto o condenado. En una inmensa mayoría de casos, las denuncias de campaña se diluyen tras la celebración de las elecciones.
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