Insólitas derivaciones del fabuloso escándalo

Celso Jaque se autoincriminó en la operación que para el fiscal Eduardo Martearena constituyó un fraude al Estado antes de que Julio Cobos actuara como su mejor escudo desde que se ventilara la contratación de los Cadillacs con fondos públicos para un show montado y explotado por una productora privada.

El vicepresidente golpeó de muerte a la avanzada legislativa hacia la apertura de un juicio político a los funcionarios involucrados, encabezada por el diputado Luis Petri, del CONFE. La válvula de escape que nadie del oficialismo fue capaz de abrir cedió sutilmente de la mano del rival del que menos lo esperaban Jaque y sus hombres claves en el gobierno.

"En el tema de los Cadillacs que investigue la Justicia y recién después, si hay responsables, se podrá actuar políticamente. Mientras tanto me parece que hay que esperar y no anticiparse a los hechos, y menos a la Justicia". Esta apreciación de Cobos modificará sin dudas el ánimo de los diputados que esta semana tendrían que votar a favor o en contra del inicio de un proceso de investigación de las responsabilidades políticas en el caso que podría derivar en un juicio político si se comprueba que algún ministro o el gobernador se apartaron de las normas cuando aportaron $315.000 para la última presentación de la banda de Vicentico y Flavio en Mendoza.

La bocanada de aire fresco que Cleto direccionó al corazón del infierno en el que reside el gobierno desde que quedó en evidencia que varios funcionarios fueron imprescindibles para que se generara el caso Cadillacs era tan inesperada como la actitud que asumió el gobernador el viernes, después de mantenerse varios días con la boca cerrada frente a la creciente polémica alrededor de la contratación de los músicos.

"Ya he dicho que cuando uno firma un decreto estoy convalidando y la decisión es del Gobernador", asumió Jaque frente a la prensa. A esa altura, el fiscal Eduardo Martearena ya había imputado a Luis Böhm, secretario de Turismo, y en la Legislatura se había empezado a motorizar un proceso de juicio político.

El gobierno claramente le soltó la mano al secretario caído en desgracia y estaba decidido a no hacer nada por la suerte de Beatriz Barbera, secretaria de Deportes. "Que los funcionarios que sean convocados den explicaciones a la Justicia", era la respuesta recurrente del gobernador y los pesos pesados del gobierno. Eso se mantuvo hasta el viernes.

Entonces, el mandatario se autorresponsabilizó por la decisión política de aportar fondos al recital y la forma en la que se ejecutó. Fue unas horas antes de que se hiciera pública la imputación judicial de su entrañable amigo Raúl Perruco Leiva, quien se desempeña como jefe de asesores del malargüino y no está en la lista de los funcionarios entregables.

Leiva como el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, son los ejes sobre los que gira el andamiaje político de Jaque. Ambos tienen algún grado de vinculación con la ayuda monetaria del Estado a la organización del recital. Perruco fue señalado tanto en la Justicia como en una comisión investigadora del Senado como el responsable de ordenar el pago de los $315.000, mientras el Chiqui firmó el decreto que transfería esa suma a los organizadores del show, al igual que el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, y el gobernador, Celso Jaque.

Al principio, el gobierno jugó a asilar a los pesos pesados de la gestión de la responsabilidad judicial dejando expuestas a las segundas líneas y a ensuciar la cancha de la política introduciendo sospechas sobre el accionar de Cobos y Roberto Iglesias frente a situaciones similares planteadas cuando fueron gobernadores. Sabiendo o no que el fiscal rompería el cerco para indagar bajo sospecha al asesor Leiva, Jaque decidió ponerse como escudo de sus colaboradores frente a la avanzada judicial sin saber que la artillería política sería disminuida por Julio Cobos.