Para la Corte, los aumentos salariales deben contemplar la inflación y el escalafonamiento

Para la Suprema Corte de Justicia, la patronal debe evitar que las recomposiciones salariales de los trabajadores se establezcan en base a sumas fijas generalizadas que desvirtúen el escalafonamiento del personal de una organización. En un pronunciamiento inédito, producido en medio de una ríspida puja por la mejora de los salarios de los empleados judiciales, la Sala Tercera del máximo tribunal hizo público un reclamo al gobierno provincial a favor de la preservación de la carrera administrativa judicial que abonó ese concepto.

El presidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, y los ministros del tribunal Aída Kemelmajer y Carlos Böhm, exhortaron al Ejecutivo a "dirigir sus esfuerzos al logro de un acuerdo salarial que evite los incrementos de sumas fijas y recomponga equitativamente las remuneraciones de todos los empleados y funcionarios judiciales respetando cargos y responsabilidades, de manera tal que no se altere la carrera administrativa judicial".

Además, reclamaron que "se vea reflejado en la recomposición de las remuneraciones el índice real de deterioro" del salario. La postura de los supremos fue comunicada oficialmente a los medios el miércoles en la tarde, después de que el presidente de la Corte la expusiera personalmente frente al ministro de Gobierno, Mario Adaro.

El exhorto está dirigido puntualmente a la negociación que protagonizan el sindicato de empleados judiciales y el Gobierno. Sin embargo, fija pautas aplicables a la totalidad de las discusiones salariales disparadas por los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de los sueldos.

Si bien en el encabezado del exhorto los jueces se dirigen a "los integrantes de la negociación paritaria", involucrando por igual al gobierno y al sindicato, los dos reclamos concretos están destinados al Gobierno en su calidad de empleador. Si, como piden los supremos, la administración de Jaque ofreciera un aumento reparador del deterioro del salario y ajustado al escalafón de la carrera judicial, el sindicato se quedaría sin argumentos ni apoyo para continuar la pelea y su implicancia directa: la realización de medidas de fuerza que restringen la prestación del servicio.

El mismo resultado arrojaría en el resto de las actividades públicas y privadas el respeto por parte de la patronal de las dos pautas exigidas por la Corte para la negociación de los salarios de los empleados de tribunales.