sábado, 26 de junio de 2010

Fuerte lobby empresario por Mendoza minera

"Con el agro no alcanza para darle de comer a casi dos millones de habitantes", esgrimió Roberto Zenobi, presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras, para justificar la necesidad de desarrollar esa actividad en la provincia. Sin eufemismos sostuvo que los efectos del crecimiento de la Economía que generará la industria que representa justifica la aceleración del consumo de recursos naturales no renovables, como el gas, que implica el proceso de producción minera.

"El agua no se va a terminar, la tercera guerra mundial no va a ser por el agua. Ya se está potabilizando agua de mar", esgrimió Zenobi contra uno de los principales argumentos de los opositores al desarrollo de la minería en Mendoza. Y también relativizó el impacto futuro de la aceleración del acortamiento de las reservas de gas que provocará la demanda de la empresa brasileña Vale, autorizada a explotar la mina Potasio Río Colorado, en Malargüe.

La voz de los empresarios mineros mendocinos sostuvo que "los recursos naturales son necesarios hoy para generar riqueza y fuentes de trabajo". Lejos de preocuparse por el aumento del ritmo de consumo de los recursos naturales, Zenobi confió en que cuando estos se terminen la tecnología ya habrá generado sustitutos. Y puso como ejemplo la potabilización del agua de mar.

Los ambientalistas, en cambio, consideran que la preservación de los recursos naturales y la potencial contaminación que provocaría la minería son motivos suficientes para prohibir esa actividad en la provincia. El foco de resistencia más importante a la explotación minera en Mendoza es expresado por la multisectorial de Alvear, aunque la causa también tiene adeptos en el Valle de Uco y en el Gran Mendoza.

La presión en las calles de estos grupos provocó que en 2007 se aprobara una ley que prohíbe la minería metalífera en la provincia. Recién ahora el gobierno de Celso Jaque salió públicamente a plantear su incomodidad con esa norma, mientras que las empresas mineras para presionar a favor de la derogación de la prohibición apelaron a una amenaza conocida en este tipo de pujas: "Si no se puede hacer acá, otra provincia capitalizará las inversiones, el crecimiento y la generación de fuentes laborales".

La polémica por la extracción de minerales en Mendoza no es nueva, aunque la multiplicación de las voces a favor de la actividad que se advirtió en los últimos días es inédita. El nuevo escenario fue determinado por la discusión en la Legislatura de un convenio entre el Gobierno y Vale, que establece un aporte extra a las regalías por parte de la empresa y el compromiso de priorizar mano de obra y proveedores mendocinos.

Los ambientalistas salieron a la calle a sentar su oposición a cualquier avance minero, como siempre, aunque esta vez se encontraron con el aparato de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) disputándoles el espacio público a los golpes. Contra la bandera de la defensa del ambiente, el sindicato de constructores defendió los puestos de trabajo que generará Vale para esa actividad.

El enfrentamiento se produjo en inmediaciones de la Legislatura, al mismo tiempo que el oficialismo masticaba el polvo de la derrota en el recinto, al no poder sumar los votos necesarios para ratificar el convenio. La negativa de los coborradicales reunidos en el Frente Cívico Federal empujó a Jaque al centro de la escena, desde donde acusó que la oposición "no quiere trabajo para los mendocinos". Y el Frente respondió con la presentación de un convenio distinto al firmado por el gobernador.

La pelea política y el conflicto social provocados por el tratamiento legislativo del convenio no afectó el avance de Vale en la ejecución de su plan. La empresa quedó habilitada para extraer sales de potasio después de cumplir una serie de trámites previstos en la Ley de Minería nacional, a la que Mendoza adhirió.

En el final de ese proceso se realizaron una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental superados satisfactoriamente por el proyecto. El convenio es sólo una manifestación de voluntad mutua entre la empresa y el Gobierno que no influye en la habilitación formal regida por la ley nacional.