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sábado, 21 de enero de 2012

Mendoza, la minería y el clima social

El avance de un proyecto minero en la sierra Famatina de La Rioja produjo la nacionalización de la resistencia de los pobladores del lugar que se oponen a un emprendimiento de extracción de metales a gran escala. En Mendoza, la presión social provocó que en la campaña electoral el ahora gobernador Paco Pérez rechazara el proyecto San Jorge que pretendía sacar cobre y oro de Uspallata impulsado por el ex ministro Paco Pérez.

El mandatario dijo entonces que las decisiones conflictivas las sometería a plebiscito, al sostener con fuerza un eslogan que anticipaba un “gobierno abierto”. El viernes asumió al frente de la Dirección de Minería de la provincia Carlos Molina, un ingeniero químico que fue propietario de minas no metalíferas, quien se cuidó de no caldear aún más el clima en su primera aparición mediática. Antes, el gobernador nombró secretario de Ambiente a Marcos Zandomeni, quien viene de trabajar en la actividad minera para empresas extractoras.

En los últimos días, el ministro de Infraestructura de Paco Pérez, Rolando Baldasso, dijo que “en Mendoza hay desconocimiento sobre la minería” y adelantó que va a trabajar para “hacerla amigable”. No dijo nada Baldasso de la promesa del gobernador durante la campaña de plebiscitar los temas conflictivos para la sociedad, como lo es claramente la explotación minera.

La presentación de Molina fue en la Casa de Gobierno y durante el acto sobrevoló la posibilidad de reflotar el proyecto San Jorge, incluso uno de los invitados vip al acto, Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (CASEM), se entusiasmó con la vuelta al ruedo del polémico emprendimiento situado en Uspallata. El empresario dijo que sobre San Jorge: “No creo que lo vayan a dejar morir porque es un proyecto interesante” y dio por descontado que la decisión de Pérez durante la campaña pertenece al pasado. “La nueva gestión viene con nuevos aires”, festejó entusiasta Ferrer.

¿Qué va a pasar en Mendoza con la megaminería metalífera? Las chances para el avance de proyectos de este tipo crecen en la medida que se profundiza la incapacidad del gobierno para imaginar un modelo de desarrollo. Por ahora, Paco Pérez se la pasó hablando de “sintonía fina” y siguió usando la misma pilcha de mendigo que sus antecesores.

Lo dijo en la campaña, aunque muchos no quisieron escucharlo: Mendoza depende de la capacidad de mendigar ante el gobierno central o en su defecto ante los mismos organismos internacionales de financiamiento a los que fueron a mendigar os últimos mandatarios provinciales. No hay otro plan declarado.

Sin ir más lejos, antes de anunciar cualquier política activa de desarrollo, el gobernador y sus laderos se la pasaron hablando de créditos, letras, títulos y ateenes. Para peor, Pérez y su ministro de Hacienda, Marcelo Costa, no se pusieron de acuerdo todavía: Costa le dijo al diario Los Andes que va a conseguir un ATN de 500 millones para pagar el déficit que la Legislatura no le autorizó a eternizar en el tiempo con un crédito y el gobernador lo desmintió sin titubear al día siguiente.

Las compañías mineras saquean todo por donde pasan. Pero pasan porque los gobiernos y en muchos casos los pobladores las dejan, cuando no les imploran que cometan el saqueo. Y sino pregunten en Iglesia, un pueblo que el estado sanjuanino olvidó históricamente, adonde la famosa Barrick Gold, cuestionada en su país de origen -Canadá- por la voracidad contra el medio ambiente, se aprovechó para ganarse a lugareños con unos pocos puestos de trabajo y un puñadito de obras que se terminaron pagando con la producción de oro y no con las ganancias de la empresa.

“No creo que haya clima social en Mendoza para la minería a cielo abierto. La Rioja (está levantado el pueblo de Famatina para impedir el inicio de la actividad de una compañía canadiense) es nada comparado al clima mendocino”, reflexionó un consejero cinco estrellas de Paco Pérez en estricto off the record.

El experto sabe de qué habla. En el arranque de la campaña electoral el hoy gobernador analizó con al menos una decena de dirigentes del peronismo provincial qué hacer con la minería en el discurso proselitista. Pérez era el candidato minero para mucha gente y los rivales radicales se montaron sobre ese rótulo para limarle posibilidades electorales.

¿Era el candidato minero realmente? Hizo mucho para que así se lo enrostraran los antimineros y sus enemigos electorales. Primero compartió un estudio de abogados que tenía empresas mineras de clientes, aunque él dice que con ese tema no se metió nunca. Y siendo el ministro de Infraestructura de Celso Jaque fue su cartera la principal impulsora desde el gobierno del proyecto minero San Jorge, el mismo que echó por tierra cuando acordó con su equipo de campaña que la mejor estrategia electoral era romper con la minería. A pesar de que muy poco tiempo antes uno de sus laderos de máxima confianza, Walter Vázquez, entonces y ahora subsecretario de Hidrocarburos y Minería, casi se trenza a trompadas delante de periodistas con Guillermo Carmona, ex secretario de Ambiente, en defensa del proyecto de extracción de metales en Uspallata.

¿Qué pasó en Mendoza con la megaminería metalífera? Desde el gobierno de Julio Cobos la idea de la Casa de Gobierno fue impulsar la extracción de metales de la montaña por parte de compañías extranjeras, principalmente canadienses, a las que la ministra de Economía de aquel entonces Laura Montero, actual senadora nacional, salió a tentar con un discurso abiertamente favorable a sus intereses. Pero Cobos –que “tiene convicciones fuertes pero transitorias”, al decir de Alfredo Cornejo- volvió sobre sus pasos cuando un grupo de mendocinos medianamente organizados levantaron la voz en contra de esa política provincial.

Así surgió la Ley 7.722 que, si bien no prohíbe la minería metalífera la deja renga al prohibir el uso de cianuro, químico vital para separa la basura del metal después de haber volado en pedazos la montaña que presenta vetas de oro, cobre o lo que fuera que le sirva a las compañías extractoras. Para que exista el negocio minero en la montaña de nuestra provincia debe desaparecer la Ley de Minería.

Aunque los inversores extranjeros están dispuestos a empezar a jugar bajo su imperio, todos (las compañías extractoras y los funcionarios del Gobierno) saben que para que sea negocio hay que cambiar las reglas. Y si se autoriza a dinamitar la montaña se hará con garantías de que más tarde o más temprano será dinamitada la prohibición contra el cianuro de la Ley Provincial. La apuesta sería por demás riesgosa porque, como dice el asesor estrella de Paco Pérez, el clima social en Mendoza es adverso para la minería a cielo abierto.

Pérez en la campaña: "San Jorge se frena definitivamente"

sábado, 18 de junio de 2011

Frenaron el plan que la minera Vale escondió de la prensa, la Legislatura y el Gobierno

La compañía brasileña Vale, que el viernes fue denunciada por el gobierno de Celso Jaque por incumplimiento del contrato para la explotación del proyecto minero Potasio Río Colorado y obligada a frenar las obras, escondió su plan de acción desde el inició de sus operaciones en el yacimiento de Malargüe, en el segundo semestre de 2010. Entre las medidas para sostener el ocultamiento, impidió el ingreso de la prensa al predio bajo sus dominios en el que se construye la infraestructura necesaria para comenzar a extraer potasio.

Con esa medida, revelada en su momento por www.diariouno.com.ar, la empresa vedó la posibilidad de que los periodistas corroboraran una exigencia que establece un convenio con el Gobierno de Mendoza: el 75% de la mano de obra y los insumos debe ser de origen mendocino. Antes de que el Gobierno de Jaque, presionado por el empresariado provincial y las necesidades políticas de la coyuntura, ordenara la paralización de todas las actividades de Vale, la compañía gambeteó requerimientos legislativos y del Ejecutivo de la documentación que demuestre el cumplimiento del "Compre mendocino", como se denominó al compromiso de privilegiar intereses provinciales a la hora de ejecutar la inversión.

Es imposible saber, salvo para los gerentes de Vale, si la minera cumplió o no con el compre mendocino hasta ahora. Para el Gobierno, a esta altura de la ejecución del proyecto la empresa incurrió en "incumplimiento en el monto y el plan de inversiones", informó el subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez.

Por la misma razón, Vale fue apercibida en abril, en la primera exposición pública de una pelea que se mantuvo varios meses en las sombras. En enero, cuando los responsables de la compañía brasileña frustraron la visita de la prensa al yacimiento, el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, estalló de bronca en la intimidad de su despacho pero después disimuló el enojo en público. No era el momento todavía para blanquear el conflicto, consideró el funcionario.

En esa oportunidad, el ministro, que hoy está en carrera por la Gobernación, organizó una visita de periodistas a Potasio Río Colorado una vez que la empresa le otorgó los permisos correspondientes para la prensa, un mes después de solicitarlos. Sin embargo, unas horas antes de iniciarse el viaje desde la Capital provincial hacia Malargüe Vale canceló las autorizaciones sin ofrecen ninguna explicación a Pérez.

Voceros de Infraestructura relataron en tiempo real las idas y vueltas de la minera a los periodistas que integrarían el contingente, quienes se enteraron de la caliente reacción de Pérez contra la disposición de los directivos de Vale en la misma comunicación que les confirmó la cancelación definitiva de la nota en la mina.

Al día siguiente, tras la publicación de lo sucedido en diariouno.com.ar, desde la oficina de relaciones públicas de Vale negaron la tramitación del permiso por parte del Ministerio de Infraestructura y Pérez decidió bajar el tono en público para seguir pulseando con la empresa en privado.

viernes, 22 de octubre de 2010

Ni Dios ayuda a Jaque, la Iglesia pidió frenar la minería en Uspallata por el conflicto social

La minería sumó un enemigo inesperado en Mendoza. La Iglesia Católica, a través de la Pastoral Social, le pidió a Celso Jaque que frene el proceso de habilitación del proyecto San Jorge, que contempla la extracción de cobre en Uspallata.

El principal argumento de la petición de la Iglesia surge de la estrategia que eligió el gobernador para abrirle el camino a la minería. Después de muchas idas y vueltas Jaque decidió avanzar en el proceso técnico y burocrático de habilitación de San Jorge, aunque prefirió no militar abiertamente a favor del desarrollo de la actividad.

La decisión del Gobierno de permitir la minería en Uspallata sin un trabajo político previo en el terreno que garantizara cierto consenso vecinal sólo agudizó "el deterioro de la convivencia ciudadana", en términos de la Pastoral Social, que resultó de la confrontación entre los lugareños que aprueban la explotación minera y los que la rechazan. Los bandos antagónicos se consolidaron bajo la influencia de intensos trabajos propagandísticos de la empresa y de los ambientalistas.

El planteo fue presentado por el arzobispo José María Arancibia al secretario de Ambiente Guillermo Carmona cinco días antes de la fecha establecida para la realización de la audiencia pública exigida entre los últimos pasos del proceso de determinación del impacto ambiental de la explotación. Como justificación al pedido de frenar la habilitación la Iglesia citó, además de conflicto social, la incertidumbre respecto a una posible contaminación ambiental y sus dudas a cerca de la capacidad del Estado para ejercer los controles cuando la mina esté en producción.

miércoles, 21 de julio de 2010

"Mendoza nunca va a ser mineradependiene"

"Mendoza tiene diversificada su economía, por eso nunca va a ser mineradependiente". De ese concepto parte Guillermo Carmona, secretario de Ambiente de la provincia, para explicar por qué las empresas explotadoras de minerales tardan mucho más tiempo acá que en otras provincias para conseguir la autorización para empezar a extraer y, encima, son sometidas a restricciones inexistentes fuera de Mendoza.

El discurso de Carmona interpreta fielmente la postura del gobierno de Celso Jaque en materia minera. El propio mandatario se encargó de despejar las dudas generadas por señales ambiguas emitidas desde la Casa de Gobierno: "De minería hablen con Carmona", indicó a la prensa después de discutir ampliamente con el secretario la política a seguir frente a la presión de minera San Jorge para conseguir la habilitación de la extracción de cobre y oro en Uspallata sin hacer un estudio hidrológico exigido por la Secretaría de Ambiente.

El Gobierno, de acuerdo a la exposición de Carmona, considera que al no ser la minería de vida o muerte para la economía provincial, Mendoza tiene margen para extremar la rigurosidad de los controles a niveles muy superiores que los establecidos en estados que se sostienen gracias a la extracción de minerales. Para los responsables de San Jorge, las exigencias de la Secretaría de Ambiente para asegurar que la extracción no sea contaminante exceden los requerimientos de un estudio de impacto ambiental para este tipo de actividad.

Por eso, la compañía se niega a realizar un estudio hidrológico que le exige Ambiente antes de emitir un dictamen de impacto ambiental. En las últimas semanas, la empresa activó una estrategia de presión hacia la secretaría comandada por Carmona, con la convicción de que el funcionario no contaba con el aval del Gobierno en la pelea.

Pero la ratificación por parte de Jaque de la política del secretario de Ambiente cambió el escenario para San Jorge, ahora el enemigo es el gobernador. De nada le servirá a sus intereses el guiño entusiasta de un grupo de funcionarios del Ministerio de Infraestructura.

En Mendoza, como no hay dependencia de la minería, las decisiones políticas navegan cansinamente entre las orillas dominadas por los deseos de los ambientalistas, convencidos de que no hay forma de hacer minería a gran escala sin dañar las condiciones de vida, y de los impulsores fanáticos de la actividad, movilizados en su mayoría por la expectativa de obtener algún rédito económico de la actividad.

sábado, 26 de junio de 2010

Fuerte lobby empresario por Mendoza minera

"Con el agro no alcanza para darle de comer a casi dos millones de habitantes", esgrimió Roberto Zenobi, presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras, para justificar la necesidad de desarrollar esa actividad en la provincia. Sin eufemismos sostuvo que los efectos del crecimiento de la Economía que generará la industria que representa justifica la aceleración del consumo de recursos naturales no renovables, como el gas, que implica el proceso de producción minera.

"El agua no se va a terminar, la tercera guerra mundial no va a ser por el agua. Ya se está potabilizando agua de mar", esgrimió Zenobi contra uno de los principales argumentos de los opositores al desarrollo de la minería en Mendoza. Y también relativizó el impacto futuro de la aceleración del acortamiento de las reservas de gas que provocará la demanda de la empresa brasileña Vale, autorizada a explotar la mina Potasio Río Colorado, en Malargüe.

La voz de los empresarios mineros mendocinos sostuvo que "los recursos naturales son necesarios hoy para generar riqueza y fuentes de trabajo". Lejos de preocuparse por el aumento del ritmo de consumo de los recursos naturales, Zenobi confió en que cuando estos se terminen la tecnología ya habrá generado sustitutos. Y puso como ejemplo la potabilización del agua de mar.

Los ambientalistas, en cambio, consideran que la preservación de los recursos naturales y la potencial contaminación que provocaría la minería son motivos suficientes para prohibir esa actividad en la provincia. El foco de resistencia más importante a la explotación minera en Mendoza es expresado por la multisectorial de Alvear, aunque la causa también tiene adeptos en el Valle de Uco y en el Gran Mendoza.

La presión en las calles de estos grupos provocó que en 2007 se aprobara una ley que prohíbe la minería metalífera en la provincia. Recién ahora el gobierno de Celso Jaque salió públicamente a plantear su incomodidad con esa norma, mientras que las empresas mineras para presionar a favor de la derogación de la prohibición apelaron a una amenaza conocida en este tipo de pujas: "Si no se puede hacer acá, otra provincia capitalizará las inversiones, el crecimiento y la generación de fuentes laborales".

La polémica por la extracción de minerales en Mendoza no es nueva, aunque la multiplicación de las voces a favor de la actividad que se advirtió en los últimos días es inédita. El nuevo escenario fue determinado por la discusión en la Legislatura de un convenio entre el Gobierno y Vale, que establece un aporte extra a las regalías por parte de la empresa y el compromiso de priorizar mano de obra y proveedores mendocinos.

Los ambientalistas salieron a la calle a sentar su oposición a cualquier avance minero, como siempre, aunque esta vez se encontraron con el aparato de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) disputándoles el espacio público a los golpes. Contra la bandera de la defensa del ambiente, el sindicato de constructores defendió los puestos de trabajo que generará Vale para esa actividad.

El enfrentamiento se produjo en inmediaciones de la Legislatura, al mismo tiempo que el oficialismo masticaba el polvo de la derrota en el recinto, al no poder sumar los votos necesarios para ratificar el convenio. La negativa de los coborradicales reunidos en el Frente Cívico Federal empujó a Jaque al centro de la escena, desde donde acusó que la oposición "no quiere trabajo para los mendocinos". Y el Frente respondió con la presentación de un convenio distinto al firmado por el gobernador.

La pelea política y el conflicto social provocados por el tratamiento legislativo del convenio no afectó el avance de Vale en la ejecución de su plan. La empresa quedó habilitada para extraer sales de potasio después de cumplir una serie de trámites previstos en la Ley de Minería nacional, a la que Mendoza adhirió.

En el final de ese proceso se realizaron una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental superados satisfactoriamente por el proyecto. El convenio es sólo una manifestación de voluntad mutua entre la empresa y el Gobierno que no influye en la habilitación formal regida por la ley nacional.

martes, 27 de abril de 2010

Guerra en San Juan por las regalías mineras


Los municipios sanjuaninos -informó el Diario de Cuyo- están metidos en una dura guerra por conseguir la coparticipación de los ingresos a la provincia por regalías mineras. Las empresas explotadoras dejan nada más que el 3% de sus ganancias en San Juan y el gobierno de José Luis Gioja se queda con el 70% de esa pequeña porción, mientras que un 10% va a la Dirección de Minería de la provincia.

El 20% restante le corresponde al Municipio en el que se enclava la mina que tributa. En esa situación solamente hay tres de las 19 comunas sanjuaninas: Calingasta, Iglesia y Jáchal. El resto de los estados municipales pretenden ser considerados en el reparto de las regalías y llevaron la pelea a la Legislatura provincial. Leé más en el Diario de Cuyo