La minería sumó un enemigo inesperado en Mendoza. La Iglesia Católica, a través de la Pastoral Social, le pidió a Celso Jaque que frene el proceso de habilitación del proyecto San Jorge, que contempla la extracción de cobre en Uspallata.
El principal argumento de la petición de la Iglesia surge de la estrategia que eligió el gobernador para abrirle el camino a la minería. Después de muchas idas y vueltas Jaque decidió avanzar en el proceso técnico y burocrático de habilitación de San Jorge, aunque prefirió no militar abiertamente a favor del desarrollo de la actividad.
La decisión del Gobierno de permitir la minería en Uspallata sin un trabajo político previo en el terreno que garantizara cierto consenso vecinal sólo agudizó "el deterioro de la convivencia ciudadana", en términos de la Pastoral Social, que resultó de la confrontación entre los lugareños que aprueban la explotación minera y los que la rechazan. Los bandos antagónicos se consolidaron bajo la influencia de intensos trabajos propagandísticos de la empresa y de los ambientalistas.
El planteo fue presentado por el arzobispo José María Arancibia al secretario de Ambiente Guillermo Carmona cinco días antes de la fecha establecida para la realización de la audiencia pública exigida entre los últimos pasos del proceso de determinación del impacto ambiental de la explotación. Como justificación al pedido de frenar la habilitación la Iglesia citó, además de conflicto social, la incertidumbre respecto a una posible contaminación ambiental y sus dudas a cerca de la capacidad del Estado para ejercer los controles cuando la mina esté en producción.
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