Toda marcha es política. Y la movilización que organiza la oposición a partir de la iniciativa de un grupo de cinco fiscales federales a un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman no sólo es política, sino que tiene un claro posicionamiento antikirchnerista.
Ir a la marcha por Nisman implica pretender un cambio de gobierno. Nada que ver con el golpismo, sólo practicado por quienes tienen con qué hacerlo no por los ciudadanos de a pie que piden la muerte de la Yegua por Twitter o en las canciones bajo la ducha.
Los que van a la marcha culpan a Cristina Fernández de asesinar a Nisman, aunque la Justicia que los inspira a rasgarse las vestiduras en su defensa sólo tenga hasta el momento indicios para sospechar fuertemente de un suicidio. Para el Gobierno, es una marcha golpista.
En el universo antikirchnerista el golpismo es representado por las mismas fuerzas políticas y económicas que practicaron el golpismo en la historia del país. Para ser golpista no alcanza con pretender la caída del Gobierno, hay que tener el poder de fuego para provocarlo. Las opiniones no son golpistas, sin acciones coordinadas son sólo opiniones.
La cuestión emotiva por la muerte de Nisman no tiene espacio en la marcha del 18 de febrero. Ahí el escenario que se creó por parte de los organizadores es para que vayan quienes quieren ver caer al gobierno.
Los fiscales que asumieron el rol convocante de la marcha, finalmente cooptada por la oposición, consideraron de entrada que la muerte de Nisman fue ordenada desde el gobierno en represalia por la denuncia contra la Presidenta por encubrimiento de los presuntos autores del atentado a la AMIA. Y los dirigentes de la oposición hicieron lo mismo, algunos más directamente y otros con eufemismos acusaron al Ejecutivo de asesinar al fiscal.
Cuando se haga la marcha, la Justicia no habrá resuelto aún si Nisma se mató o lo mataron. Quien está a cargo de la causa es una fiscal y sobre ella hay una jueza para enmendar errores, ambas designadas mucho antes de la muerte del fiscal de la AMIA y asignadas al caso de la muerte por razones legalmente establecidas. Es decir, son las investigadoras naturales asignadas al caso por leyes particulares y la Constitución Nacional.
La Justicia no ha logrado resolver quién cometió los atentados a la Embajada de Israel, primero, y a la sede de la AMIA, a más de 20 años de ocurridos. Los jueces y fiscales federales que intervinieron en estas causas fueron empleados de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel.
Entre ellos se destacó el fiscal Nisman, quien tuvo a cargo la causa AMIA durante 10 años porque lo eligió Néstor Kirchner para esa función. Con el espía Antonio Jaime Stiuso como guía principal de investigación. Nisman fue uno de los culpables de la impunidad, que ya no será nunca saldada en el caso de los dos atentados ocurridos durante el menemismo. Ambos contaron con una fenomenal estrategia para encubrir a los responsables que incluyó los servicios de funcionarios, policías, jueces y fiscales, La Justicia no juzgó a los responsables.
En la marcha del 18 de febrero, que tiene como principal objetivo desestablizar al gobierno, también se defenderá a la multitud de encubridores e ineptos que fueron responsables de la imposibilidad de dilucidar quiénes y por qué volaron la Embajada de Israel y la AMIA.
Leer más: Informe Explícito sobre el caso Nisman
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