"Las cercanías al Congreso cubiertas de colectivos", reportó en Twitter, a las 18 del martes, el periodista Juan Cruz Sanz. "Si se tratará de un acto del peronismo ya estarían hablando de clientelismo", reflexionó a renglón seguido el redactor de Clarín respecto a la logística desplegada por los grupos religiosos y conservadores que convocaron a una manifestación para presionar a los senadores que trataban el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que se votará el miércoles al mediodía, según lo previsto.
"Hubo 'trapos' colgados de las farolas de la Plaza de los Dos Congresos, puestos de panchos y largas colas de colectivos en los alrededores de la protesta que convocó la Iglesia un día antes que el Senado ratifique o rechace la media sanción que la iniciativa trae de Diputados", según la descripción de la escena de Perfil.com.
"Estoy caminando por la zona de Congreso para ver si logro entender algo, pero me espanto aún más", exclamó Sanz un rato después de comprobar que para protestar contra la libre elección sexual en el matrimonio la Iglesia y sus aliados apelaron al método de la política tradicional. Los alumnos de los colegios religiosos, financiados en su mayoría por el Estado, colmaron la mayor parte de los colectivos movilizados al Congreso.
Lo dijeron en Twitter
Aníbal Fernández: "Me asombra el gesto de los inquisidores. Gays lesvianas y cualquier minoría merecen respeto de los gobiernos y la garantía de sus derechos".
Jorge Macri: "Lo dije desde el principio estoy a favor. Creo en el derecho a la union civil".
Pino Solanas: "Ante el tratamiento de la unión civil en Senadores desde el Interbloque de Diputados de Proyecto Sur votamos por el matrimonio".
Federico Pinedo: "Junto a @TRIACAJORGE en la reunión con el Secretario del Vaticano, Dominic Mamberti, p discutir temas de bioética y relaciones con Argentina".
Julio Cobos: "Apoyo el proyecto de Unión Civil presentado por la Senadora Laura Montero, que puede leerse en www.lauramontero.com/blog".
Luis Majul: "Insisto: el matrimonio gay no es una causa k. Es igualdad de derechos para todos. No minimizar ni confundir".
MI OPINIÓN
Tolerancia o autoritarismo, esa es la cuestión
El respeto a las elecciones de las minorías no debe estar sujeto al gusto de la mayoría en una sociedad con pretensiones democráticas de convivencia. El grado de tolerancia frente a formas de vida diferentes, hasta contradictorias, de la que la mayoría tiene incorporada como "normal" determina el nivel de autoritarismo de una sociedad.
La tolerancia favorece la inclusión, mientras el autoritarismo provoca indefectiblemente la exclusión de quienes eligen formas de vida "indeseables".
A esta altura de la historia argentina, la porción de la sociedad que acepta las relaciones de pareja sin importar la condición sexual de sus integrantes es mucho más amplia que el universo de homosexuales que convive con las normas del matrimonio pero tiene vedado el reconocimiento del Estado a los derechos que le corresponden como tal. Es decir, la elección "rara" de una minoría es tolerada por un sector de la mayoría "normal".
Al mismo tiempo, un sector de los "normales" sostiene una postura intolerante frente a la "normalización" legal de una elección de la minoría en base a convicciones de orden moral y religioso que nadie debería desconocer si no quiere ganarse una estadía eterna en el infierno. Los homosexuales son enfermos, según los promotores de la intolerancia de la igualdad de derechos para quienes desvían su elección sexual del modelo establecido.
El imperio de ese esquema de tratamiento de las minorías, con una base de sustentación social mucho más grande que en la actualidad, no pudo evitar que la homosexualidad fuera una opción cierta para muchos individuos de la sociedad. La imposición cultural de la discriminación no fue capaz de evitar el crecimiento del universo de personas dispuestas a pagar el precio social de la elección sexual libre.
A pesar de todos los castigos sociales y sin ninguna ley que ampare el más mínimo derecho a convivir con una pareja del mismo sexo, las uniones homosexuales de hecho son moneda corriente en la sociedad argentina. Es más, cada vez es más natural la inserción de dos homosexuales convivientes entre los vecinos y la aceptación lisa y llana en los ámbitos laborales.
Cuando una pareja de homosexuales sube a un colectivo, asusta a menos pasajeros que dos laburantes con ropas sucias y pinta de "villeros". La elección sexual contraria a la definida por los genitales, dejó de ser una causal de condena sin derecho a defensa en casi todos los ámbitos.
Sin embargo, el Estado sigue sin reconocerle a los homosexuales el derecho a contraer matrimonio y a ordenar la relación de pareja bajo el paraguas jurídico previsto para las uniones entre heterosexuales. Mientras que la Iglesia católica, a la cabeza de otras instituciones religiosas, radicaliza su intolerancia más allá de los límites extremos que permite la convivencia sin medir consecuencias.
Una ley que unifique los derechos para los matrimonios sin discriminación de la sexualidad de los integrantes le solucionaría la vida a miles a argentinos que hoy son víctimas de la discriminación.
Ahora, si la presión de la Iglesia, las limitaciones culturales, ideológicas o religiosas de los senadores, la sumisión a los dictados de las encuestas o la intención de sacar rédito político con el tema impiden que el Senado convierta en ley el proyecto que ya fue aprobado por Diputados, las parejas homosexuales no van a desaparecer. Perfeccionarán las trampas para conseguir de cualquier manera algunos de los derechos negados por el Estado.
El sexo de hombres con hombres y de mujeres con mujeres no desaparecerá como opción, al igual que el amor y la posibilidad construir una familia desde una relación homosexual. Todos o la gran mayoría de ellos se criaron con mamá (nena) y papá (nene), una situación que no les impidió preferir las relaciones con parejas del mismo género antes que las auspiciadas por los intolerantes.
Sea cual sea el resultado de la votación en el Senado, de este debate saldrá fortalecida la tolerancia de las elecciones individuales desapegadas de los parámetros de la moral y las buenas costumbres que justifican la intolerancia. Los comportamientos culturales no se imponen ni se erradican por ley. En todo caso, a través de la legislación, se reprimen o se reconocen, según sea más rentable.
