El crimen de Bolognezi sin culpables

Informe de Canal 3 de San Martín

Abdo Girala y Carlos Metralleta Pérez fueron absueltos lisa y llanamente por el tribunal oral especialmente conformado por la Suprema Corte para enjuiciar a los imputados por el crimen de José Luis Bolognezi. A siete años de ocurrido el hecho, los familiares del chico que tenía 19 años al ser asesinado destilaron bronca contra la Justicia y denunciaron coimas a viva voz.

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En la Corte hay más palomas que halcones

Los supremos más dispuestos a reformar el Poder Judicial y dialogar con el Gobierno le ganaron la pulseada a los conservadores que integran el máximo tribunal de Justicia de la provincia: Alejandro Pérez Hualde iniciará su primera presidencia del cuerpo después de que Jorge Nancláres decidiera abrirle paso.

Los dos, más Aída Kemelmajer de Carlucci y Carlos Böhm votaron juntos, frente a Hernán Salvini y Fernando Romano que se inclinaron por Pedro Llorente, quien sindicó a Nancláres como predilecto. En la Corte local coexisten palomas y halcones, así como en el gobierno de Celso Jaque, según la categorización que hizo el propio Nancláres de la división entre funcionarios dialoguistas y extremistas con el Poder Judicial.

El presidente de la Corte encabezó hasta ahora el grupo de los dialoguistas y reformistas del máximo tribunal, quienes ayer se alinearon tras Pérez Hualde, el próximo conductor de la Justicia y líder de las palomas. Mientras que los tres jueces más conservadores votaron en sentido distinto. Los halcones perdieron pero marcaron presencia.

Un alivio para Jaque

Aunque las palomas de la Casa de Gobierno se movieron para instalar a Carlos Böhm en la Presidencia de la Corte, al gobernador Celso Jaque no le vino mal la designación de Pérez Hualde, hombre impuesto por Julio Cobos en el máximo tribunal. Después de todo se trata de un dialoguista y reformista que aportará una nueva impronta a la cabeza de uno de los tres poderes de la provincia.

La relación de Jaque con Nanclárez estaba desgastada, pero su continuidad era preferida en la Casa de Gobierno antes de que un duro pudiese reemplazarlo. El que tenía más posibilidades en el ala conservadora era el ex presidente del tribunal, Pedro Llorente.

Böhm es peronista y fue parte del gobierno de Arturo Lafalla, del que participaron muchos de los actuales funcionarios, incluidas las cabezas de las palomas y los halcones descriptos por Nancláres. Con el líder de este grupo, el influyente secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, Böhm tuvo una pelea pública cuando su hijo Luis, secretario de Turismo del gobierno, fue imputado en el escandaloso Caso Cadillacs. Igual las palomas, dirigidas por el ministro de Gobierno, Mario Adaro, operaron sus buenas relaciones en tribunales para promocionar al juez Böhm.

Finalmente, un hombre señalado por Cobos para la Corte se benefició de la coyuntura política del tribunal y del gobierno para sentarse en la presidencia por los dos próximos años.

El juicio Bolognezi

El resumen del debate oral por Canal 3 de San Martín.

Primera semana


Segunda semana

Consumo de drogas: la Corte transita lentamente entre el Derecho y la demagogia

La Corte Suprema de Justicia dilata más allá de lo razonable el pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no de la penalización de la tenencia de droga para consumo porque la interpretación jurídica del tema es impopular. La tentación de la demagogia frena la aplicación del derecho por parte del máximo tribunal de Justicia de la Nación.

Los supremos deben resolver si es constitucional que un persona sea juzgada por poseer drogas destinadas a la ingesta personal. Es decir, si la ley puede entrometerse en una íntima decisión individual. Si efectivamente los jueces de la Corte creen que una invasión de ese tenor no contradice a las libertades individuales consagradas en la Constitución Nacional, la tenencia para consumo puede ser reglada y penada por el Estado.

En cambio, si los jueces interpretan que el consumo de una sustancia constituye una decisión una elección reservada al ámbito privado de cada individuo, adonde el Estado no tiene derecho a intervenir, no hay más nada que discutir. La cantidad, la calidad, la procedencia, el origen o base de la sustancia y demás cuestiones que hoy son argumentos de represión policial y causas de juicios penales ya no deben ser objeto de los legisladores ni de los jueces.

La Corte ha postergado sin motivos jurídicos la decisión de fondo mientras infla globos de ensayo que le permitan saber cuál será la reacción de los grupos de poder frente a la decisión. El máximo tribunal de la Nación aceptó jugar este partido en la cancha que marcaron la Iglesia, los políticos, las fuerzas de Seguridad y una pila de grupos que fortalecen sus posturas y recursos con un discurso duro, pero carente de fundamentos jurídicos.

Los jueces saben que en este caso la jurisprudencia de la sentencia que impongan no pone en juego ni la seguridad ni la salud de la Nación, dos servicios que dependen de la política y no de un fallo judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de la Nación tienen que dar un veredicto que afectará directamente los límites entre de las acciones enmarcadas en las libertades individuales y las que pueden ser reguladas por el Estado.

Un ejemplo: hay países regidos por normas fundamentalistas que criminalizan el adulterio. Acá, nuestra Constitución impide tal intromisión del Estado y ninguna corriente jurídica interpreta lo contrario.

Para muchos juristas prestigiosos de acá, en tanto, la tenencia de drogas para el consumo también está dentro del espacio de decisiones individuales vedado a la injerencia del Estado, mientras que para otros la Constitución no es un obstáculo para la penalización.

A diferencia del adulterio, el consumo de drogas genera una contradicción que la Corte no termina de resolver, aunque hace rato que agotó el acopio de argumentos jurídicos para hacerlo. Leé la rosca que domina a los supremos en La Nación

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-A dos puntas, en Mendoza se debate la despenalización del consumo de drogas

Un Monstruo amenaza a la Justicia

El abusador serial de la Cuarta Sección provocó un estallido en la Justicia de Familia mendocina. Casi 30 años violando a sus hijas y más de una década de denuncias sin resultados alertaron a la población sobre el foco infeccioso que se aloja en la Justicia de Familia.

Quienes debieron pasar por el fuero como denunciantes o denunciados no se sorprendieron con las escuetas explicaciones que desde tribunales se aportaron para justificar todos los años que demoró la Justicia para detener una situación de violencia familiar inocultable. "No se pudo hacer nada porque la víctima no lo denunció", es el criterio por el que la Justicia justifica haberse mantenido inmóvil mientras recibía denuncias e informes periciales que marcaban con contundencia lo que ocurría dentro de la familia dominada por el Monstruo de Mendoza.

En el Fuero de Familia sobran causas iniciadas por madres separadas conflictivamente que denuncian a sus exparejas de abusar contra los hijos. Y los primero que hacen los jueces en estos casos es suspender los encuentros entre los niños y los progenitores denunciados. En muchos de los casos, se termina esclareciendo que la situación de violencia fue una estrategia más en la pelea judicial de dos personas que se están separando poco amigablemente. En estos casos, quienes padecen durante meses una orden judicial que les impide ver a sus hijos hasta que se comprueba que la causa de esa orden es ficticia tienen motivos suficientes para no creer en los jueces.

Este tipo de situaciones son corrientes en los Juzgados de Familia, aunque permanecen ocultas adentro de una olla presión hasta que aparece un monstruo en la tapa de los diarios asustando a la comunidad y cotizando en términos de ganancia política las acciones contra los jueces de los funcionarios del gobierno y los legisladores. Ahora, todos cargan contra la jueza Elsa Galera, quien manejó la última parte de la investigación del monstruo al mismo tiempo que tuvo a su cargo la causa de una nena de dos años que terminó muerta, aparentemente, por los maltratos a la que la sometieron sus padres.

Desde la Legislatura hay una avanzada contra la magistrada, pero no es la primera vez. Sin monstruo de telón de fondo, la jueza Galera ya fue salvada una vez de la destitución por el tribunal que enjuicia el mal desempeño de los jueces. Ahí están la clase política y la magistratura representadas y ambas se las arreglan para no condenar nunca a los jueces con mal desempeño. Las investigaciones sobre magistrados de desempeño sospechoso suelen comenzar con grandes titulares condenatorios de los jueces y terminar con sentencias absolutorias poco explicadas.

Sin embargo esta vez, detrás de la Justicia de Familia hay un Monstruo.

"Si puedo disponer de mi vida, ¿por qué no puedo disponer de la droga?"

El supremo Carlos Böhm se pronunció así a favor de despenalizar el consumo personal de estupefacientes, “siempre y cuando no le haga mal a un tercero”. Pidió centros de tratamiento. Leé más en Diario Uno.